Mientras a nivel nacional es un “secreto de Estado”, Estados Unidos ha revelado la realidad desconocida de la lucha contra el narcotráfico en Honduras.
El informe forma parte del Reporte Estratégico del Control Internacional de Narcóticos publicado por el Buró de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de EE.UU.
En la introducción del informe se establece que Honduras sigue siendo “un país de tránsito para la cocaína destinada a los Estados Unidos y los precursores químicos utilizados para producir drogas ilícitas”.
Además, revela que la “Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, no son una parte importante de la cadena de logística internacional de drogas”. Eso sí, “son facilitadores de los envíos y distribuidores locales a pequeña escala”.
Asimismo, establece que los fondos del “impuesto de seguridad (Tazón de Seguridad) instituido en 2014, son insuficientes”.
Para el Departamento de Estado los fondos del tazón son para “satisfacer las necesidades significativas de personal, equipo y tecnología”. Sin embargo, en Honduras este fondo ha sido utilizado para cubrir actividades ajenas del combate de las drogas.
El informe señala que el Gobierno de los Estados Unidos sigue trabajando para corroborar las exitosas incautaciones que pregona Honduras. “El Ministerio de Defensa afirmó que alcanzó una reducción del 50 % en el volumen de drogas en tránsito en Honduras, y destruyó casi 50 pistas clandestinas”, indica el extenso documento.
Igualmente, el estudio resalta que el país centroamericano creo una Dirección Nacional de la Policía Antinarcóticos (DNPA), la cual inició operaciones en septiembre de 2018.
No obstante, indica que la nueva policía antinarcóticos fue formada “con recién graduados de la academia de policías u oficiales con experiencia limitada en operaciones de drogas”.
“La DNPA no tiene una sede establecida. Por lo que el personal y el liderazgo trabajan desde varios lugares”, agrega el informe. Cabe destacar que el presidente estadounidense, Donald Trump, aprobó los datos y su difusión.
A continuación el documento íntegro:
Honduras
A. Introducción
Honduras es un país de tránsito para la cocaína destinada a los Estados Unidos y los precursores químicos utilizados para producir drogas ilícitas. La costa caribeña de Honduras es vulnerable al tráfico de drogas por tierra, mar y aire debido a su lejanía, infraestructura limitada y falta de presencia gubernamental. Las organizaciones de narcotráfico están cambiando su estrategia para aprovechar estas vulnerabilidades enviando paquetes más pequeños por botes rápidos o aviones pequeños, haciendo que la detección y la interdicción sean cada vez más desafiantes para las autoridades hondureñas.
A pesar de los avances, la situación general de seguridad en Honduras sigue siendo complicada. Si bien la tasa de homicidios sigue siendo baja, la tasa de criminalidad general sigue siendo alta, especialmente cuando los niveles elevados de actividad delictiva dificultan la operación de la Policía Nacional de Honduras (HNP, Honduran National Police por sus siglas en inglés) con escasos recursos.
Las bandas callejeras transnacionales criminales, como Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, no son una parte importante de la cadena logística internacional de drogas, excepto como facilitadores de envíos a través de Honduras y distribuidores locales a pequeña escala.
La reestructuración de la HNP, las mejoras en la formación investigativa y operativa para la policía y el Ministerio Público (PM), y el uso de fuerzas de tarea interinstitucionales para atacar a los traficantes aumentaron la interoperabilidad de las entidades gubernamentales para contrarrestar el tráfico de drogas. Las incautaciones de drogas por la HNP en 2018 superaron los niveles de 2017. El gobierno hondureño inició una purga de la HNP en 2016 para eliminar a funcionarios corruptos o no calificados en su deber; 5.218 oficiales de la HNP han sido retirados del servicio a partir del 1 de noviembre de 2018.
La falta de una administración sólida y de nivel medio de la HNP, después de la purga policial, junto con una escasez de oficiales con una experiencia de CONTRADROGAS significativa ha obstaculizado la fuerza de mantenerse por delante de las amenazas de contrabando de drogas en evolución. Sin embargo, el Gobierno de Honduras continúa sus esfuerzos para desarrollar la capacidad de contrarrestar el narcotráfico, y para aumentar las incautaciones e interrumpir las redes criminales.
B. Logros, políticas y tendencias de control de drogas
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Desarrollo institucional
La voluntad política del gobierno hondureño de combatir el narcotráfico y coordinar con los organismos policiales de los Estados Unidos para hacerlo sigue siendo alta. Los desafíos para las instituciones de control de drogas incluyen la corrupción, recursos presupuestarios insuficientes y violencia persistente.
La corrupción, combinada con las bajas tasas de recaudación de impuestos, priva a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, tribunales y fiscales de recursos críticos. El impuesto de seguridad, instituido en 2014 para compensar los desafíos de financiación para las agencias de seguridad, ayudó a las instituciones policiales clave un poco, pero los fondos son insuficientes para satisfacer las necesidades significativas de personal, equipo y tecnología necesarias para abordar el tráfico de drogas en Honduras.
La asistencia de Estados Unidos a Honduras en las áreas de unidades policiales examinadas, fuerzas de tarea interinstitucional, fortalecimiento de la capacidad de la justicia criminal, intercambio de información y capacitación proporcionó una base para que las instituciones gubernamentales coordinen sus esfuerzos en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Durante 2018, el Gobierno de Honduras enfatizó las operaciones interinstitucionales enfocadas en áreas geográficas específicas que experimentan picos de actividad delictiva.
Estas operaciones han dado lugar a un gran número de detenciones, incautaciones de armas e incautaciones de marihuana, pero no han producido incautaciones o interrupciones notables de la cocaína en las organizaciones de narcotráfico. La unidad de élite de la dirección de fuerzas especiales del HNP, los TIGRES, han sido fundamentales en proporcionar el apoyo táctico y operacional requerido para estas operaciones.
La Dirección Nacional de la Policía Antinarcóticos (DNPA) de la HNP, creada en 2018, inició operaciones tácticas en septiembre con el apoyo de otras direcciones de la HNP. La DNPA enfrenta varios desafíos asociados con ser una nueva dirección de policía. A partir de octubre, la DNPA contaba con 135 efectivos, la mayor parte de los cuales son recién graduados de la Academia de Policía u oficiales con experiencia limitada en operaciones de drogas.
DNPA no tiene una sede establecida, por lo que el personal y el liderazgo trabajan desde varios lugares. En enero de 2018, la HNP trasladó la Oficina Policial de Investigaciones Financiera (OPIF) de la Dirección de Investigaciones Policiales a la DNPA para abordar los aspectos financieros de las investigaciones de drogas. El Gobierno de los Estados Unidos presta apoyo consultivo a la DNPA en las áreas de desarrollo organizacional, intercambio de información entre las direcciones, planificación operativa e investigaciones financieras.
La Escuela de Investigación Criminal (EIC) de la HNP es apoyada por Estados Unidos y le proporciona cursos sobre la clasificación de drogas ilícitas, farmacología, laboratorios clandestinos, precursores químicos y métodos de tráfico, e incorpora temas de control de drogas en todos los demás cursos ofrecidos. La HNP sigue comprometida a utilizar la educación continua como un medio para profesionalizar su fuerza en general, pero también como una manera de mejorar la capacidad investigadora de la fuerza para contrarrestar el narcotráfico.
El Congreso Nacional hondureño aumentó el presupuesto de la EIC, de aproximadamente $20.000 en 2016, a $1,3 millones en 2018. El Gobierno de Honduras también está invirtiendo, con el apoyo de Estados Unidos y donantes internacionales, en una Academia de Capacitación Especializada que incluirá una escuela dedicada para la capacitación contra las drogas.
Honduras es parte de varios acuerdos regionales que se centran en el narcotráfico, incluyendo la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y el Acuerdo Regional del Caribe contra Narcóticos Marítimos. Honduras ha ratificado la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Criminal
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Reducción de la oferta
La disposición de las entidades civiles y militares para combatir el tráfico ilícito de drogas y las medidas adoptadas por el Gobierno de Honduras sobre años anteriores para crear nuevas entidades de control de drogas, aún no se ha traducido en aumentos significativos de incautaciones de drogas o interrupciones notables en las organizaciones de narcotráfico.
Las organizaciones de narcotráfico, reconociendo la mejora de las capacidades de las fuerzas de seguridad hondureñas, han comenzado a trasladar los envíos de drogas en cantidades más pequeñas para evitar la detección y la interdicción por las autoridades hondureñas.
Si bien las incautaciones de las autoridades hondureñas en su dominio territorial y marítimo han disminuido, no hay información concreta que sugiera que el volumen total de drogas ilícitas que se trafican a través de Honduras haya descendido. Durante los primeros nueve meses de 2018, hubo un triple aumento en las incautaciones de cocaína transitando Honduras, según los datos del Gobierno de los Estados Unidos, incautadas principalmente por autoridades no hondureñas en territorios fuera de Honduras. En contraste con esta evaluación, en septiembre, el Ministerio de Defensa afirmó que Honduras alcanzó una reducción del 50 por ciento en el volumen de drogas transitando por Honduras, y destruyó casi 50 pistas clandestinas. El Gobierno de los Estados Unidos sigue trabajando para corroborar esta información.
La Fuerza Naval hondureña hizo esfuerzos durante 2018 para modernizar su flota superficial e inició la compra de nuevos buques, pero no ha hecho un aumento proporcional en el presupuesto operacional y es incierto cuándo los buques se convertirán en una parte activa de la flota. La disponibilidad de combustible es una limitación importante para que la Fuerza Naval hondureña intercepte presuntos buques de narcotráfico, ya que estos barcos a menudo operan a largas distancias de los nodos de control de la Fuerza Naval y los actuales presupuestos de combustible son minúsculos en comparación con la necesidad.
El Ejército controla las instalaciones de escuchas telefónicas y el acceso a los resultados de las escuchas telefónicas para el derecho civil pero la aplicación sigue siendo inadecuada, lo que resulta en una pérdida significativa de inteligencia procesable para interdicciones que podrían ocurrir en tierra. El Gobierno de los Estados Unidos está trabajando con el Ministerio de Seguridad para obtener acceso adicional a las instalaciones de escuchas telefónicas para ayudar en el desarrollo de inteligencia para entidades de control de drogas.
El Ministerio de Defensa manifestó interés en aumentar el intercambio de información con los Estados Unidos sobre las actividades marítimas lícitas e ilícitas. Además, el Gobierno de Estados Unidos inició discusiones en 2018 con el Ministerio de Defensa para entrenar y equipar una unidad de interdicción marítima (fuerzas especiales navales) para ser modelada después como una unidad similar apoyada por Estados Unidos en Guatemala. La actual Ley de Interdicción Aérea en Honduras impide que los Estados Unidos compartan radar u otra información relacionada con el tráfico ilícito por aire. El gobierno hondureño no tiene actualmente la capacidad de rastrear todos los presuntos vuelos de narcotráfico dentro o fuera de las pistas clandestinas sin apoyo externo.
Las capacidades analíticas del Departamento de Análisis y Control Marítimo de la Marina Mercante (DGMM), creada en 2016, continúan mejorando y apoyando la lucha contra el narcotráfico. La Fuerza Naval hondureña y las autoridades estadounidenses reciben la mayoría de la inteligencia de la DGMM, pero la Fuerza Naval hondureña está limitada en su capacidad para hacer patrullajes basados en esta información debido a limitaciones de recursos. La mala seguridad portuaria, los protocolos inadecuados de inspección de contenedores y los complicados procedimientos interinstitucionales limitan la capacidad de las autoridades hondureñas para actuar sobre la información de la DGMM sobre buques o recipientes sospechosos en el puerto.
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Información pública, prevención y tratamiento
El principal objetivo del gobierno hondureño sigue siendo mejorar la seguridad y las condiciones económicas en Honduras. La información pública sobre el consumo de drogas es insuficiente. Los programas de prevención y tratamiento son limitados tanto en alcance como en la geografía. La Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia publicó un informe en agosto de 2018 identificando la recopilación de datos sobre el consumo de drogas como una brecha crítica que inhibe un enfoque apropiado para la prevención y el tratamiento del consumo de drogas. El Departamento de Prevención de la DNPA está atendido por dos personas, ninguna de las cuales tiene formación formal en prevención del consumo de drogas.
Los Estados Unidos apoyan enfoques integrales, equilibrados y coordinados para aumentar la capacidad del Gobierno de Honduras para abordar y contrarrestar la demanda de drogas ilegales. La asistencia incluyó apoyo al Programa de Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas (GREAT), estima que alcanzó los 100.000 estudiantes en 2018. Otras subvenciones apoyadas por los Estados Unidos proporcionaron soporte a las instituciones de los países anfitriones que se ocupan del tratamiento y la prevención de drogas en las zonas de mayor riesgo de Honduras.
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Corrupción
El Gobierno de Honduras, como cuestión de política gubernamental, no fomenta o facilita la producción o distribución de drogas ilícitas, ni participa en el blanqueo de los ingresos derivados de la venta de drogas ilícitas. Sin embargo, la corrupción sigue siendo generalizada en las instituciones públicas. La Comisión Especial para la Depuración y Reestructuración de la HNP completó su misión original de expulsar a los policías corruptos de la fuerza en 2017 y está programado para disolverse en enero de 2019. La HNP continúa contratando a nuevos policías para alcanzar su objetivo de 26.000 en 2022, y a partir de octubre de 2018 se han contabilizado alrededor de 18.500 oficiales.
En abril de 2018, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la OEA completó dos años de operaciones. La Corte hondureña en materia de corrupción y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), se pusieron de pie con el apoyo de la MACCIH, comenzaron a investigar y tratar casos de corrupción de alto nivel. Desde finales de 2017, MACCIH ha lanzado varios casos de corrupción a gran escala, incluso contra funcionarios actuales y antiguos. Una investigación de la UFECIC y la MACCIH contra la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, por presunta utilización indebida de fondos públicos, fraude y blanqueo de capitales, condujo a su arresto en febrero de 2018. En junio, UFECIC, junto con los investigadores de la MACCIH, anunciaron el caso “Pandora”. El caso acusa a 38 personas, entre ellas un ex secretario de Agricultura y varios congresistas, de actos de fraude, lavado de dinero, falsificación de documentos y abuso de autoridad. MACCIH continúa aplicando una agenda legislativa para fortalecer las leyes anticorrupción y reducir la impunidad.
C. Objetivos nacionales, cooperación bilateral e iniciativas políticas estadounidenses
Los Estados Unidos proporcionan asistencia a través de la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI) para mejorar la capacidad profesional de las instituciones de la justicia hondureña, consistente con la estrategia de Estados Unidos para la participación en Centroamérica y la iniciativa de la Alianza para la Prosperidad de los gobiernos centroamericanos. El objetivo general de la asistencia de Estados Unidos es reforzar las instituciones del sector de la seguridad y la justicia hondureñas para que puedan tener en cuenta la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de su país.
El Gobierno de los Estados Unidos brinda apoyo logístico y consultivo junto a equipos a varias direcciones de la HNP, el primer ministro y los militares para mejorar las capacidades de los países anfitriones para investigar e interrumpir el tráfico de drogas en Honduras.
Específicamente, Estados Unidos entrena y equipa unidades especiales de la HNP tales como la Fuerza de Tarea de Crímenes Violentos, la Unidad Nacional de Lucha contra el Secuestro, los TIGRES, y el Grupo Especial de Operaciones Tácticas (GOET). La asistencia de los Estados Unidos a los esfuerzos policiales de la comunidad continuó durante 2018 y se establecieron otros siete modelos de distritos policiales (MPPs).
Estos MPPs apoyan esfuerzos más amplios de control de drogas al facilitar la interacción positiva con la policía y mejorar la confianza de las comunidades y la voluntad de trabajar con la policía, haciendo que las comunidades sean más resistentes al crimen, incluido el crimen con un nexo al tráfico, distribución y uso de drogas. Las unidades investigadas por la HNP, apoyadas por Estados Unidos, incluyen la Unidad Transnacional Antipandillas, la Unidad de Investigación Sensible y la Unidad Transnacional de Investigaciones Penales, que aborda el tráfico de drogas y otros delitos transnacionales.
Los Estados Unidos mantienen un acuerdo bilateral con Honduras para suprimir el tráfico ilícito por vía marítima, que incluye disposiciones para el embarque, tripulantes, persecución, entrada para investigar, sobrevuelo, orden de aterrizar y para el uso de plataformas de terceros. Honduras es un participante habitual en las Cumbres Multilaterales de Contraataque Marítimo semestrales, que reúnen a profesionales de la lucha contra las drogas de casi 25 países y más de 65 organizaciones internacionales que abarcan Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, y Europa.
D. Conclusión
Los Estados Unidos trabajan en estrecha colaboración con las autoridades hondureñas para mejorar la capacidad del Gobierno anfitrión para proporcionar seguridad y justicia a sus ciudadanos y combatir el tráfico de drogas. En 2018, Honduras avanzó en la mejora de la capacidad investigativa y la interoperabilidad de las fuerzas de seguridad para luchar contra las organizaciones criminales, pero no pudo traducir estas mejoras en perturbaciones notables para las organizaciones de narcotráfico. Los recursos inadecuados y la incapacidad para interceptar los envíos frecuentes y pequeños de drogas ilícitas a través de Honduras siguen siendo desafíos difíciles. El Gobierno de Honduras tendrá que seguir su camino para reformar sus instituciones, acelerar los procesos judiciales y proporcionar recursos adecuados a sus operadores del sector de la justicia para lograr un mayor éxito contra las organizaciones de narcotráfico.
