TEGUCIGALPA. El titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Roberto Herrera Cáceres, alabó los esfuerzos que realiza el Gobierno en materia de seguridad, sin embargo, considera que son insuficientes frente a la magnitud de la delincuencia común y del crimen organizado en el país.
De acuerdo al odbusman hondureño, quien ha mantenido una postura a fin al gobierno, es el Congreso Nacional (CN) que tiene que empezar a deliberar sobre la protección de las familias de las víctimas, sobre cómo hacer efectivo su derecho a conocer la verdad y que los crímenes no queden impunes.
Herrera Cáceres precisó que “hay muchas cosas por hacer y hay que ayudar al Estado a que cumpla con su obligación de garantizar la seguridad y la vida de todos los hondureños”.
El defensor del pueblo, expresó su preocupación por la cantidad de profesionales del derecho que han perdido la vida en circunstancias violentas, en los últimos años.
En tal sentido, recomendó que tanto el gobierno como la población deben realizar un trabajo conjunto para fortalecer la prevención.
“La prevención debemos de efectuarla conjuntamente, tanto el gobierno como la sociedad, hay que fortalecer esa acción.”, indicó.
INDICADORES
Según los registros del Conadeh indican que, del 2010 a la fecha, 13 de los 18 departamentos del país han sido escenario de la muerte de 114 profesionales del derecho que realizaban su labor en diferentes áreas.
Hasta ahora, Cortés y Francisco Morazán son los departamentos del país donde se reporta el mayor número de muertes violentas de abogados con 82, que representan el 72 % del total.
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De enero a agosto de 2016, el Conadeh registró la muerte de 9 profesionales del derecho de los cuales, en 8 casos, las víctimas fueron ultimadas con armas de fuego y una que se desconocen las causas de su muerte.
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En este recuento de los hechos, 3 murieron en Cortés, 2 en Francisco Morazán, 1 en Santa Bárbara, 1 en Atlántida, 1 en Copán y 1 en Islas de la Bahía.
