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viernes, marzo 29, 2024

CNA: L 69 millones desaparecieron con «casas contenedores»

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reveló este martes un nuevo informe sobre corrupción, esta vez en torno a las «viviendas contenedores«.

Este complejo habitacional estuvo a cargo del exministro de la Presidencia Ebal Díaz, cuya finalidad era alojar a los damnificados por las tormentas tropicales Eta e Iota.

El país sufrió a finales del 2020 los golpes de esos poderosos fenómenos naturales. En ese sentido, miles de familias quedaron en la calle.

Casas contendores
Las «casas contendores» eran para los afectados por las tormentas Eta e Iota.

Luego de esos acontecimientos, surgió el proyecto en mención, ubicado en Tegucigalpa, pero según dijo el CNA, el dinero destinado para esas viviendas no se utilizó como se había previsto.

Gabriela Castellanos, la directora, dijo que «desde el CNA identificamos un millonario perjuicio económico al Estado, dinero que se le arrebató de las manos a más de mil familias que quedaron damnificadas por las tormentas tropicales Eta e Iota en 2020«.

Lea además: ATIC le cae a proyecto de contenedores que costó L1,200 millones 

Hallazgos

De acuerdo al informe del CNA, los beneficiarios de ese proyecto debían ser las personas que vivían a orillas del río Choluteca, es decir, colonias Las Brisas, La Betania, Brisas de Santa Bárbara y otras zonas de riesgo.

Sin embargo, el CNA hizo una inspección y corroboró que sólo 23 familias están habitando las viviendas. De esas 23, sólo 10 forman parte del grupo de damnificados. Las demás personas son familias del proyecto «Lomas del Diamante«.

«Estas familias ahora se enfrentan al huracán de la corrupción, que dejan ahogo y miseria a su paso», señaló Gabriela Castellanos.

Gabriela Castellanos
Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA.

Asimismo, el CNA destacó que halló varias irregularidades de gran magnitud, las cuales son diseño, construcción y supervisión de la cimentación del edificio, el cual se demolió y volvió a edificar.

En tal sentido, se generó un perjuicio en el costo de la obra y enmiendas a contratos conexos.

Se encontraron además, según el CNA, anomalías en la compra de los contendores e inconsistencias en las suscripciones de más de un contrato para realizar la misma actividad, o sea, existió duplicidad.

«Encontramos múltiples contratos sobre una misma actividad, además del descarado pago de salarios y el 100 % de prestaciones a dos servidores públicos», señaló Gabriela Castellanos.

casas contenedores
Las «casas contenedores» están sobrevaloradas y detrás de su edificación hay corrupción.

Además, en CNA encontró que durante la ejecución del proyecto se nombró a dos servidores públicos para que se desempeñaran «ad honoren».

No obstante, el coordinador técnico de la Unidad Coordinadora de proyectos (UCP), suscribió contratos con los que se le reconoció un pago mensual de L 110 mil y también recibió L 484 mil 940 por derechos y prestaciones.

Faltan 15 contenedores

Por otro lado, el CNA identificó la existencia física de 286 contendores, respaldados por un acta de recepción, sin embargo, se pagaron 301 con cheque. En ese sentido, no se conoce la existencia de los 15 contendores restantes.

Esos 15 contenedores representan un gasto de más de L 220. De los 301 contenedores facturados y pagados con cheque, únicamente se utilizaron 118 y los otros 168 están es desuso.

«El hombre detrás de estos negocios redondos es precisamente el exsecretario de la Presidencia. Este señor, al puro estilo de los gurú de bienes y raíces, modeló junto a los contendores y hasta grabó su recorrido, y cuando no se pudo ocultar el fracaso de este proyecto, simplemente se lavó las manos, tal y como lo hizo con la promesa de los 90 hospitales públicos», subrayó la directora del CNA.

Ebal casas contendores
El secretario de la Presidencia era Ebal Díaz.

En consecuencia, el 20 de octubre del 2021, la UCP, ante el exceso de contenedores que se compraron y no se utilizaron, intentó vender 114 unidades ya usadas, pero la subasta fracasó.

Todos los hallazgos del CNA se traducen a un daño económico en perjuicio del Estado de Honduras de unos L 69 millones. Ya se procedió a interponer la denuncia de manera formal ante el Ministerio Público.

Los responsables deberán responder por los delitos de fraude y de administración desleal del patrimonio público, concluyó el CNA.


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