Redacción. El conflicto que paralizó el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) durante casi 20 días llegó a su fin el sábado luego de que el sindicato anunciara un acuerdo con las autoridades de la institución que pone punto final a la controversia y permite la normalización de sus actividades.
Esteban Antolino Díaz, presidente del sindicato, explicó que el acuerdo alcanzado implica la revocación de los despidos y la suspensión de las audiencias de descargo, lo que representa una victoria para los trabajadores involucrados en el conflicto.
En sus declaraciones destacó que el acuerdo no tiene ganadores ni vencidos, sino que se ha logrado un entendimiento en beneficio de los estudiantes y trabajadores, quienes son los principales beneficiarios de los cursos y programas formativos del Infop.
Con este cierre de capítulo, Infop retoma sus actividades académicas y laborales. Los cursos y demás funciones de la institución se reanudarán este lunes 24 de febrero en todas sus sedes. En ese sentido, se les hizo un llamado a estudiantes y personal a reincorporarse a sus respectivas labores y formación.
Conflicto en Infop
El conflicto laboral en el Infop comenzó el 3 de febrero de 2025. Los trabajadores denunciaron abusos de autoridad y la asignación irregular de plazas, lo que llevó a la paralización de actividades en varias sedes del Infop.
Durante este periodo, las autoridades del Infop citaron a audiencias de descargo a varios empleados, incluyendo a miembros del sindicato. Esteban Díaz calificó estas acciones como una «masacre laboral» y denunció que la oficina de recursos humanos había enviado 10 citaciones para audiencias de descargo a empleados de la regional.
Por su lado, el director del Infop, Carlos Suazo, defendió la decisión de citar a los empleados, asegurando que sólo estaban aplicando la ley.
El acceso a las instalaciones también estuvo restringido durante el conflicto. El personal podía ingresar siempre y cuando presentara su carnet de empleado. Además, la Policía Militar realizaba revisiones en los vehículos, ya que en las instalaciones también opera el Tribunal Superior Electoral (TSE).
