Redacción. Una reciente publicación del medio Infobae reveló parte de las pruebas que vinculan directamente a la Policía Nacional en la terrible masacre de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en junio de 2023.
El pasado diciembre, un tribunal condenó a 15 pandilleras por su participación directa en los homicidios, mientras que el Ministerio Público solicitó penas de hasta 1,200 años. Sin embargo, persisten dudas sobre el rol de la Policía Nacional en la planificación y encubrimiento de los hechos, que desataron la mayor crisis política del gobierno de Xiomara Castro, según la publicación.
Infobae accedió a expedientes de la investigación en Honduras sobre la masacre, incluyendo pruebas balísticas e informes que vinculan a la Policía Nacional. Entre las evidencias destacan fotos de municiones y armas con identificaciones policiales halladas en la escena del crimen.
Un informe preliminar reveló que 23 de las 46 víctimas tenían balas en sus cuerpos y que el 96% de los casquillos en la escena pertenecían a la Policía Nacional. En ese sentido, Infobae verificó estos datos con dos agentes involucrados en la investigación y con imágenes de las armas y municiones halladas en Támara el día de la masacre. Al menos tres testimonios recopilados en la investigación sugieren la participación de la Policía en la planificación de la masacre.
“Uniformados colaboraron”
Los testimonios y pruebas apuntan a una hipótesis: el liderazgo de Barrio 18 orquestó un ataque contra la MS13 en la cárcel de Támara para desestabilizar el sistema penitenciario y frenar requisas sorpresa. Estas inspecciones, impulsadas por nuevas autoridades, amenazaban negocios ilícitos y casos de corrupción vinculados a líderes pandilleros en complicidad con funcionarios penitenciarios y policiales.
“La mismísima policía -dijo una de las fuentes a los investigadores- facilitó… Las mujeres coordinaron con policías que les permitieron meter armas y gasolina”, se establece en uno de los informes obtenidos.
La masacre de Támara ocurrió el 20 de junio de 2023, cuando pandilleras del Barrio 18 tomaron un ala de la prisión, incendiaron colchonetas, dispararon a 23 mujeres y luego quemaron a las 46 víctimas. Desde la mañana, personal civil en la PNFAS había alertado sobre movimientos inusuales.
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Esta tragedia ocurrió en medio de una disputa entre la Policía Nacional, a la que la presidenta Xiomara Castro había entregado el control carcelario, y la cúpula militar, que administró las prisiones durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico.
Intervención gubernamental
El ataque coincidió con una intervención gubernamental que endureció requisas en las cárceles más conflictivas, incluida Támara, y reveló indicios de corrupción en altos mandos de la Policía Nacional. Como consecuencia, Castro destituyó a la comisión interventora y devolvió el control de las prisiones al ejército. Sin embargo, la cúpula policial mantuvo poder, asumiendo el control del Ministerio de Seguridad.
Esa misma cúpula nunca investigó a fondo la posible complicidad de policías en la entrega de armas y gasolina utilizadas en la masacre. Un oficial vinculado a las pesquisas señaló que desde el inicio hubo intentos de obstaculizar el proceso. “El Ministerio Público solo asignó un perito balístico para una escena inundada de casquillos” y no dio seguimiento a informes de inteligencia penitenciaria que, desde marzo de 2023, advertían sobre el ingreso de armas largas y la preparación de “algo grande”.
“Se escucha que va a haber algo grande”
Poco antes de las siete de la mañana del 20 de junio, una funcionaria sanitaria en la cárcel de Támara advirtió a una amiga: “Se escucha que va a haber algo grande… Algo raro está pasando… Hay movimientos extraños y hay humo…”.
Mientras tanto, la comisión interventora nombrada por la presidenta Xiomara Castro realizaba una requisa en una prisión en Ceiba, pero desde ahí empezó a monitorear la situación en Támara.
Informes de inteligencia y del Ejecutivo hondureño, basados en testimonios recopilados tras la masacre, describen una reacción torpe de la Policía Nacional y un intento inicial del ejército por ingresar a la cárcel, que fue rechazado.
También señalan que la escena del crimen fue contaminada desde el inicio. A pesar de ello, los peritos lograron recoger decenas de casquillos en las zonas donde ocurrieron los disparos e inició el incendio.
Balas de la Policía
El procesamiento de pruebas balísticas se retrasó por la falta de personal, pero el informe forense determinó sin dudas que en la masacre se usó armamento exclusivo de la Policía Nacional. Según los cálculos del perito balístico, “entre el 94 y el 96% de los casquillos encontrados” pertenecían al arsenal policial, algunos marcados con las letras PN y números de inventario oficiales.
El informe fue enviado a las autoridades policiales y al Ministerio Público, pero no está claro si se incluyó en el juicio contra las pandilleras del Barrio 18, acusadas como autoras materiales. Infobae intentó obtener una respuesta de la policía hondureña, sin éxito.
En enero, cuando el Ministerio Público solicitó penas de hasta 1,200 años para las pandilleras condenadas, la justicia hondureña dio por cerrado el caso. Sin embargo, Gustavo Sánchez Velásquez, director de la Policía durante la masacre y luego ministro de Seguridad, ya lo había descartado en 2023, asegurando que solo 15 pandilleras planificaron el ataque.
Al hacer esa afirmación, ignoró reportes de sus propios investigadores, que señalaban el uso de munición policial y testimonios de informantes que, semanas antes de la matanza, advertían sobre la preparación de “algo grande” en Támara. También se registraron informes posteriores que indicaban que fueron policías quienes entregaron las armas y la gasolina.
Vendetta pandillera tolerada por la policía
La inteligencia penitenciaria identificó a tres líderes del Barrio 18 como los autores intelectuales: El Cuervo, El Pechocho y Lucifer. Su plan inicial era eliminar a un pequeño grupo de reclusas de la MS13 para desestabilizar el sistema carcelario. Según la información recopilada, la operación contaba con la complicidad de policías, guardias y empleados penitenciarios.
“El Barrio 18 dio una orden de provocar unas cuantas muertes de rivales de la MS13 para generar un escándalo. Iban a coordinarlo también con policías que entregaran armas y gasolina”, reveló a Infobae un agente involucrado en la investigación. “A lo interno (de Támara), lo coordinaron con una pandillera a la que llaman La Saico; le dijeron que matara y que hiciera un ‘vergueo’”.
La Saico es Claudia María Lemus Aceituno, una de las 12 pandilleras ya condenadas, para quien el Ministerio Público ha solicitado 1,268 años de cárcel.
Los supuestos instigadores de la masacre fueron Mario René Castillo Ávila (El Cuervo), Norlin Alcides Ardón Varela (Lucifer) y José Virgilio Sánchez Montoya (Pechocho). Según un informe de inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Lucifer tenía contacto con una agente estatal en Támara que facilitó la ejecución del plan.
Nexos con la 18
Un informe del INP, etiquetado como INFOINTE-AOINP-01-2023, detalla la relación del Barrio 18 con personal penitenciario y señala que Marlen Sobeyda Ariano López “ingresó armas para facilitar la masacre”. La agente Ariano tenía dos hijos con Elvin Ramón Martínez Castillo, un miembro del Barrio 18 y excompañero de celda de Lucifer. “Ella ingresaba a la Celda del ‘Lusifer’ (sic) para ofrecerle su apoyo”, menciona el documento.
Una fuente cercana al Ministerio Público confirmó que la investigación identificó la participación de los líderes del Barrio 18, pero no aclaró si estos hallazgos fueron incluidos en el caso judicial contra las pandilleras condenadas.
Autores asesinados
“Pechocho,” “Lucifer” y “El Cuervo,” los tres líderes del Barrio 18, presuntamente responsables de planificar la masacre con la colaboración de la Policía, fueron asesinados el 18 de febrero de 2024 en el sector masculino de la cárcel de máxima seguridad en Támara. Las autoridades penitenciarias inicialmente calificaron el incidente como una reyerta y más tarde lo llamaron “sucesos aislados.”
Un agente que participó en la investigación comentó: “Es demasiado sospechoso todo. Las muertes de los tres líderes de la 18, cuando había indicios de que ellos habían planificado algo que se les fue de las manos y por eso hubo esa matazón. Y ellos tenían de cómplices a policías y eso lo sabían… Los mataron para que no dijeran nada.”
Nidos de corrupción
Han pasado más de un año y medio desde la masacre, y unas semanas desde que un tribunal hondureño condenó a las autoras materiales. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse completamente. Aún quedan indicios de que miembros de la Policía Nacional facilitaron las muertes al proporcionar armas y gasolina a las pandilleras.
De igual manera persiste la sospecha de que la cúpula policial encubrió todo al no investigar esos indicios, revelados por agentes de inteligencia policial y penitenciaria.
A pesar de la masacre, poco ha cambiado en las cárceles de Honduras. Apenas horas después del ataque, la presidenta Xiomara Castro y sus asesores, incluido su esposo Manuel “Mel” Zelaya, devolvieron el control de las prisiones a los militares. Además, premiaron al director de la Policía bajo cuya gestión ocurrió la masacre.
Además, desmantelaron la comisión interventora que había descubierto la corrupción y la alianza entre el Estado y el crimen en las cárceles.
Tuneles
La intervención de la comisión interventora reveló graves niveles de corrupción en el sistema penitenciario y policial de Honduras. Uno de los hallazgos más impactantes fue que las autoridades permitieron la construcción de túneles en prisiones de máxima seguridad como Támara. También se descubrió que la corrupción judicial y penitenciaria facilitó la fuga de un reo acusado de asesinar a dos fiscales que investigaban a narcotraficantes de alto perfil, incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández. El ingreso de armas, dinero y celulares al sistema carcelario, en connivencia con policías y militares, era una práctica habitual.
Un caso ejemplar de esta corrupción involucró los asesinatos de las fiscales Marlene Jeannette Banegas Breven, Olga Patricia Eufragio Murillo y Cándida Rosa Osorto. Las primeras dos fueron asesinadas en octubre de 2014. Aunque inicialmente no se encontró una relación clara, en febrero de 2024, durante el juicio de narcotráfico a Hernández en Nueva York, un testigo vinculó estos homicidios con el hecho de que la fiscal Banegas tenía pruebas incriminatorias contra el expresidente relacionadas con dinero del narcotráfico.
Líder de la MS beneficiado por corrupción
El asesinato de las fiscales también está relacionado con Denis Adalid Paguada Puerto, un líder de la MS13, quien, aunque estaba en prisión en Támara, logró salir gracias a la complicidad de una red de abogados, policías y funcionarios que permitieron que se venciera su prisión preventiva. Este caso ilustra la corrupción estructural que permitió a las mafias criminales operar dentro del sistema penitenciario.
El informe de inteligencia de la masacre de Támara también documentó la participación de oficiales en la entrega de armas y gasolina a las pandilleras. A pesar de estos hallazgos, no hay señales de que las mafias dentro del sistema carcelario hayan sido desmanteladas, ni de que la complicidad estatal haya sido erradicada. Un año y medio después de la masacre, las investigaciones siguen sin ofrecer una resolución completa, dejando en el aire la participación de la Policía Nacional en el crimen que costó la vida a 46 mujeres.
Información de Infobae.
