Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional (CN) finalizará el 2023 marcado por una de las mayores crisis de su historia, que evidencian la incapacidad de Luis Redondo para lograr los consensos necesarios que permitan la gobernabilidad en ese poder del Estado.
Y es que, durante el año, el hemiciclo completó más de 100 días sin realizar una sola sesión, tiempo que Redondo aprovechó para realizar giras en países como Rusia, Estados Unidos y China, sumiendo a Honduras en una mora legislativa sin precedentes, aderezada con una insurrección por parte de un gran sector de los partidos opositores.
El segundo periodo legislativo de la Junta Directiva que dirige Redondo inició con la elección de los magistrados del Poder Judicial, para el cual sí hubo consensos tras intensas negociaciones entre las tres bancadas del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y los opositores Partido Nacional y Partido Liberal.
Tras el acuerdo, Libre finalmente se hizo con seis magistrados afines, entre ellos la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, mientras que los nacionalistas quedaron con cinco y los liberales con cuatro.
Acuerdos
A raíz del acuerdo, en las sesiones posteriores se aprobaron proyectos de ley con el apoyo de las diferentes bancadas, entre ellas la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados, la Ley para la Protección de las Mujeres, la Ley del Sistema Nacional de Bases de Datos de ADN y la ampliación de la Ley de Amnistía Vehicular hasta el 4 de abril de 2026.
Así como la derogación y reformas de los decretos 57-2020, que impedía al Ministerio Público (MP) ahondar en documentación en casos de corrupción, y 93-2021, que contiene los delitos de Lavado de Activos; reformas conocidas como «pactos de impunidad».
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«Seguimos resistiendo»
Diario Tiempo contactó a la secretaria del CN, Ángela Smith, para conocer su parecer sobre la gestión realizada en el Poder Legislativo este 2023. Smith dijo que, a diferencia de lo ocurrido este año, esperan que en 2024 las bancadas «olviden los intereses partidarios y personales» para legislar «a favor del pueblo».
Smith, además, indicó que «a pesar de que hemos estado y seguimos resistiendo una crisis política que se ha instalado y el pueblo hondureño tiene conocimiento del porqué. Hemos avanzado con una agenda con el compromiso que asumimos».
Sin embargo, reconoció que «al cierre del año no hemos dado un alivio al pueblo hondureño. Han sido largas las jornadas de diálogo. A pesar de la crisis hemos aprobado leyes importantes y hemos demostrado la voluntad. La situación no ha sido fácil», indicó.
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Irrespeto a las mayorías en adhesión al CAF
Las diferencias entre los oficialistas y opositores quedaron aún más marcadas cuando estos últimos decidieron no apoyar ni ratificar la adhesión de Honduras al Corporación Andina de Fomento (CAF). Pese a la no aprobación por parte del pleno, Redondo remitió el documento al Poder Ejecutivo para que la presidenta Xiomara Castro lo sancionara. Y en medio de señalamientos y cuestionamientos de diferentes sectores, Redondo procedió a enviarlo para su publicación en el diario oficial La Gaceta.
A criterio de la diputada nacionalista, María Antonieta Mejía, «la adhesión de Honduras al CAF fue contra la decisión unánime que se tomó. No se tomó en cuenta la voz de los congresistas, fue un abuso publicar la adhesión».
Elección de los fiscales del MP
El Poder Legislativo se sumió aún más en los desacuerdos luego de que la Junta Proponente que debía seleccionar a los fiscales del Ministerio Público (MP) presentó en su debida forma y tiempo los candidatos a la fiscalía del ente acusador. Sin embargo, el pleno liderado por Redondo no sería capaz de lograr los acuerdos.
Hubo varias sesiones, pero no consensos. La moción nominativa del oficialismo sólo alcanzó 52 votos a favor. Mientras tanto, los opositores lograron el apoyo de 74 diputados para su moción. Una posterior «insurrección» del Partido Nacional evitó el desarrollo de las sesiones con normalidad.
Tras más intentos fallidos al no contar con los votos necesarios, inició entonces una indetenible parálisis legislativa. La situación derivó en la convocatoria de la presidenta Xiomara Castro, a movilizarse para presionar a la oposición a que votara por la moción presentada por el oficialismo. Esta consistía en nombrar a Johel Zelaya como fiscal general y a Marcio Cabañas como fiscal adjunto. La situación fue calificada por distintos sectores como «injerencia» del Poder Ejecutivo en el Legislativo.
Comisión Permanente
No obstante, la parálisis alcanzó el cierre del periodo constitucional de sesiones el 31 de octubre. Luis Redondo nombró la Comisión Permanente integrada por nueve diputados. esta, a su vez, nombró finalmente a Johel Zelaya como fiscal general interino y a Mario Morazán como fiscal adjunto interino.
Mientras tanto, en las afueras del hemiciclo, algunos diputados del Partido Nacional fueron agredidos físicamente por colectivos de Libre. Ese mismo día, la oposición conformada por nacionalistas, liberales y del PSH convocaron a una sesión extraordinaria en medio de abucheos, empujones y golpes, desconociendo la Comisión Permanente nombrada por Redondo.
«No es la falta de acuerdos y la ideología radical que no permite los consensos y que las cosas se den, sino que ha prevalecido la soberbia, sosiego, ego y la imposición, ha mantenido un Congreso hecho un desastre.», expresó la diputada del PN, Antonieta Mejía.
Mora y «estrategia»
Asimismo, la diputada afirmó que el 2023 fue un año improductivo para el Congreso y que la enorme mora legislativa se debe a que el oficialismo «solo estaba pensando en elegir sus fiscales». «Esperamos que podamos entrar este 2024 revestido de legalidad. El 25 de enero se instala la tercera legislatura donde le da la oportunidad a la Junta Directiva de ser legalizada o escoger una nueva», concluyó.
Para obtener una pluralidad de voces, Diario Tiempo también contactó con el analista político Oliver Erazo, quien afirmó que la falta de acuerdos es una estrategia del oficialismo para quedarse en el poder.
«Lo que esta sucediendo es una estrategia para mantenerse en el poder y tratar de sostener en el transcurso del tiempo la Junta Directiva ilegal. Ha generado una polarización a nivel legislativo. La elección del fiscal no es de un Estado de Derecho, sino socialista», indicó.
Denuncias de injerencia
La atípica elección de fiscales provocó señalamientos de distintos sectores, entre ellos la embajada de los Estados Unidos. La embajadora Laura Dogu catalogó el movimiento como «algo irregular, sin precedentes en este país. Luego criticó que «un grupo muy pequeño en el Congreso ya ha tomado decisiones que van a impactar en cada persona en este país». Las declaraciones de Dogu provocaron la reacción de Cancillería, que pidió a la diplomática no opinar sobre temas del país.
Además, un grupo de legisladores republicanos en Estados Unidos brindó una conferencia, donde lamentaron la situación de violencia en las afueras de las instalaciones del hemiciclo legislativo.
De igual manera, un grupo de congresistas y senadores estadounidenses llegaron al país y sostuvieron reuniones con autoridades del Ejecutivo y del Congreso. Tras ello, el Departamento de Estado anunció la suspensión de visado para un grupo de funcionarios, acusándolos de «socavar la democracia» con la elección de la fiscalía.
Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció y reafirmó que la elección de fiscales debió hacerse con la mayoría calificada, o sea, con 86 votos. En un comunicado indicaron que realizarla de forma correcta es importante para «garantizar la independencia judicial».
Más de 100 días sin legislar
Por otra parte, en medio de la parálisis legislativa que alcanzó los 105 días, Luis Redondo emprendió junto con una delegación de 16 colegas una «excursión» a Rusia. Sin dar mayores explicaciones de su viaje anterior, emprendió uno nuevo, en secreto, a Estados Unidos. Y por último se fue a China, junto a otros diputados que viajaron sigilosamente. De momento, no se han dado detalles de los gastos de los viajes realizados.
Estuvieron 105 días sin sesiones, pero los congresistas devengaron su sueldo y algunos incluso recibieron un «bono navideño» de más de 300 mil lempiras, según trascendió. Mientras tanto, se mantiene sobre la mesa una estancada elección de magistrados del TSC, TJE y los comisionados de la Unidad de Política Limpia.
Pese a los pendientes, la Comisión Permanente convocó finalmente a una sesión extraordinaria, pero para aprobar paquetes de amnistías y elegir una nueva Junta Directiva. Los diputados de la oposición, como lo habían anunciado, sólo llegaron a cuidar sus curules y se abstuvieron de votar.
Polarización
Oliver Erazo cree que durante el 2023 el Congreso sólo generó la división de la sociedad hondureña y una polarización política. Tampoco tuvo una agenda legislativa clara y concreta en beneficio del pueblo hondureño, dijo. Las autoridades del CN ejecutaron actos antidemocráticos que «nos han expuesto y han dejado al Estado como irrespetuoso de los derechos humanos». Y planteó que son los culpables del retiro o aislamiento de la inversión por la violación de la democracia.
«Para el 2024 el reto es cumplir el principio de legalidad y supremacía constitucional. Además, apartarse de esa matriz legislativa interpretativa de la constitución que es lo que ha generado el descalabro y actos antidemocráticos», concluyó.
Tanto las diputadas Ángela Smith y Antonieta Mejía, como el abogado Erazo, coincidieron en que los acuerdos y el respeto a la ley es fundamental para una mejor productividad del Congreso. Sin embargo, este año los acuerdos y consensos no han prevalecido en este poder del Estado.
Un año con únicamente 180 días legislados marcó la pauta de una profunda crisis en el Congreso Nacional en 2023. A los diputados les espera un 2024 en medio de inconformidad y desconfianza del pueblo hondureño, aunque este nuevo año también es una oportunidad para reivindicarse.
