TEGUCIGALPA, HONDURAS. Por unanimidad de votos, los magistrados de la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción resolvieron declarar inadmisible la segunda recusación presentada contra la jueza Águeda Canelo Portillo, quien conoce el caso denominado “Narcopolítica”.
El recurso fue presentado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC). Ante la negativa, el procedimiento judicial contra los cinco imputados en el caso continuará su curso normal.
Cabe señalar que en el caso denominado “Narcopolítica” está acusado el exministro de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y exalcalde capitalino, Miguel Pastor. Así como también, el exdirector de Carreteras, Walter Maldonado, y los señores José Valladares, Daysi Zúñiga y Claudia Matute.
De acuerdo a las investigaciones, los antes mencionados formaban parte de un esquema que permitió el lavado de dinero del tráfico internacional de drogas a través de obras contratadas con el Estado hondureño que, en su mayoría, no se realizaron.
En ese sentido, Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó que ya se notificó a las partes procesales sobre la determinación adoptada por Apelaciones.
Silva indicó que se declaró que la recusación presentada no llenó los requisitos exigidos por la ley para su admisibilidad.
De ese modo, el portavoz reiteró que las partes procesales ya están notificadas. Ellos podrían, de ser necesario, interponer algún recurso ante la Corte de Apelaciones, si así lo estiman conveniente.
“Por los momentos continúa con suma normalidad la audiencia inicial ante los Juzgados de Letras; particularmente ante el juez recusado”, detalló Silva.
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Audiencia contra imputados continuará
A efecto de eso, el vocero de la CSJ expuso que dada la negativa sobre la recusación continuarán audiencia inicial. La cual será ante la juez de Letras que conoce el expediente de los acusados por actos irregulares.
Se debe explicar que una recusación es el acto donde se pide que un juez, un integrante de un tribunal o un fiscal, no intervengan en un determinado proceso judicial por considerar que su imparcialidad no está garantizada.
