Redacción. La caída de Koriun Inversiones, un esquema Ponzi disfrazado de institución financiera que estafó a miles de hondureños en la zona norte, expone nuevamente la falta de planificación institucional y la fragilidad del Estado de derecho que aqueja al gobierno de turno.
Una tardía intervención, ejecutada el pasado 23 de abril por el Ministerio Público, junto con la congelación de 39 cuentas bancarias —que posteriormente el mismo ente solicitó liberar—, así como el trato hacia el representante de Koriun, Iván Velásquez, han generado una ola de inquietudes e incertidumbre en la población hondureña, que exige respuestas ante una crisis que apenas comienza.
Tras una extraña y maratónica recolección de 69 millones de lempiras en cuentas bancarias de diversas instituciones financieras, se había acordado iniciar la devolución de fondos a más de 35 mil aportantes ayer miércoles, 14 de mayo.
El proceso estaría supervisado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), ente regulador de las instituciones financieras a nivel nacional, que permitió que Koriun operara durante aproximadamente ocho años, a pesar de que la empresa no contaba con los permisos necesarios para funcionar como entidad financiera. Además, el proceso contaría con la veeduría del Ministerio Público.
Sin embargo, la captura en horas de la mañana de Iván Velásquez, gerente de la empresa, y el repentino abandono de las oficinas de Koriun —donde apenas quedaron unos cuantos miles de lempiras— desataron nuevamente la anarquía y la histeria colectiva en uno de los corredores económicos más importantes del país, donde ya se reportan pérdidas millonarias.
Más preguntas que respuestas
Edmundo Orellana, exfiscal de la República, expresó que el caso Koriun deja más preguntas que respuestas, puesto que operó por años a vista y paciencia de la CNBS y la banca privada del país.
“Nos preguntamos qué pasó durante esos años que las autoridades no se enteraron de que esta empresa estaba operando. Entiendo que lo que tenía la empresa era una declaración de comerciante individual. Es decir, que no es una entidad financiera; sin embargo, estaba captando fondos de manera irregular a vista y paciencia de todo el mundo”, cuestionó.
A criterio del exfuncionario, la crisis es producto de graves errores originados desde el momento en que la banca privada permitió que cuentas personales movieran cantidades millonarias de dinero sin investigar su origen.
“Pero si el banco cumplió y mandó la alarma a la CNBS, habrá que preguntarse qué pasó en la Comisión. Todas estas son preguntas que tienen que responder”, expresó.
Y es que la CNBS desarrolló un informe detallado a inicios de 2025 sobre el peligro que representaba Koriun para los hondureños. El informe dio origen a la intervención del Ministerio Público.
Una vez allanadas las instalaciones de la compañía, los fiscales del Ministerio Público encontraron más de 300 millones de lempiras en efectivo. No obstante, se limitaron a levantar un acta y dejaron el dinero en manos de los representantes de Koriun.
Reforma penal, escudo de la CNBS
El presidente de la CNBS, Marcio Sierra, atribuyó la debilidad del Estado para actuar legalmente contra Koriun Inversiones a una reciente reforma al Código Procesal Penal, que —según él— eliminó el artículo que tipificaba como delito la captación ilegal de fondos del público.
Esta omisión legislativa, dijo, ha complicado las acciones judiciales contra esquemas financieros no regulados como el de Koriun.
Durante una intervención en un foro televisivo, Sierra afirmó que el administrador de la empresa, Iván Velásquez, es apenas un “peón” y que su vida corre peligro.
Aseguró además que el caso involucra a personajes de alto nivel aún no expuestos públicamente y que parte del dinero incautado, como los 358 millones de lempiras devueltos por el Ministerio Público, no ha sido debidamente justificado ni respaldado con documentación.
Las palabras del titular de la CNBS han desatado críticas en varios expertos en el tema, ya que consideran que al decir que es difícil tipificar el delito da luz verde a otras estafas piramidales.
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El Estado desaplicó la ley
Para Luis Romero, abogado penalista, el Estado hondureño improvisó en el caso Koriun, desaplicando la ley y actuando según lo que creyó conveniente. El gobierno intervino como debía, pero no siguió el procedimiento, aseguró.
“La CNBS no solo regula a los bancos, regula el sistema financiero nacional. Tenían la obligación de nombrar una comisión y que fuera un juez de letras de lo civil el que iba a ordenar el procedimiento a través de una junta liquidadora para devolver el dinero a las víctimas”, puntualizó.
Agregó que las autoridades hondureñas devolvieron el dinero a Iván Velásquez para que él lo entregara sin tener documentación alguna. “Vinieron a solicitar información de Koriun tres semanas después de la intervención, no es justificación”, expuso.
El especialista enfatizó en que el Estado ni siquiera sabe si Koriun es una estafa piramidal, ya que esta tesis no se ha podido comprobar. “No es posible que el Ministerio Público no pueda identificar, como lo dijo el fiscal (Johel Zelaya), que no existían delitos”.
Delitos evidentes
Finalmente, Romero enumeró las causas por las cuales el Estado no puede argumentar la falta de un brazo jurídico para haber actuado contra Koriun, según el Código Penal:
- Lavado de activos: no solo es percibir dinero de origen ilícito sin acreditar la procedencia, sino haber recibido fondos de manera ilegal. Al haber recibido el dinero sin estar regulado por el Estado, se convierte en dinero ilegal.
- Usura: Koriun prestaba dinero con un interés por encima de lo regulado por la CNBS.
- Defraudación fiscal: Toda persona, sociedad mercantil, comerciante individual o persona natural está obligada a rendir su declaración anual y pagar sus impuestos.
- Administración fraudulenta, corrupción en los negocios particulares y falsedad de información financiera.
A pesar de que la CNBS cuenta con especialistas en derecho penal, no actuó por razones desconocidas, dejando operar a Koriun en total libertad e impunidad.
Colapso financiero
La crisis social desatada por Koriun mantiene en jaque la economía no solo de la costa norte, sino del país entero, puesto que el municipio de Choloma es uno de los más importantes del país en cuanto a actividad económica. Además, las protestas han afectado la actividad comercial a Puerto Cortés y el transporte hacia San Pedro Sula.
Armando Urtecho, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), expresó su preocupación ante los daños ocasionados por los manifestantes que exigen su dinero.
La empresa privada ya cuantifica pérdidas millonarias en exportaciones e importaciones ante el bloqueo de carreteras. “Hacemos un llamado a las autoridades a que habiliten las carreteras. Todos tenemos el derecho a manifestarnos, pero sin perjudicar a los demás”.
Además, criticó la posición del gobierno respecto a hacerse cargo del pago a las víctimas: “No sé de qué partida presupuestaria lo van a sacar. Mejor que responsabilicen a los dueños de esa empresa, pero los hondureños no tienen por qué salir perjudicados”.
Choloma sufre
Por su parte, Alejandra Mejía, titular de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma (CCICH), señaló a Diario Tiempo que el municipio enfrenta una paralización de transacciones financieras y una paralización total del comercio a raíz de la crisis generada por Koriun.
Recordó que la zona ha sufrido los embates del desempleo por la salida de múltiples maquilas y, pese a los esfuerzos de reactivación, la tarea parece imposible.
“Nosotros hacemos un llamado al diálogo. Somos una arteria para la economía del país, hemos tenido denuncias de saqueos a furgones y asaltos en la zona. El problema agudiza más la crisis de nuestro municipio”, externó.
De momento, la empresa privada no maneja cifras exactas de lo perdido. Sin embargo, se estiman pérdidas millonarias no solo de dinero, también de empleos en la zona.
Sin protección ante el fraude
La crisis provocada por Koriun no solo deja a miles de víctimas exigiendo justicia, también pone en evidencia las debilidades de un sistema institucional que no logró prevenir ni actuar a tiempo ante una operación financiera irregular que se extendió por años.
Mientras el gobierno intenta justificar su accionar y las autoridades aseguran que investigarán hasta llegar a los verdaderos responsables, la ciudadanía enfrenta las consecuencias de una estafa que se gestó a plena luz del día.
