TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Ministerio Público (MP) informó que el caso presentado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) en torno al caso “Patuca III: colusión y corrupción” ha sido el resultado de la “Operación Apolo”.
El MP manifestó que la operación se llevó a cabo en marzo de 2018 en contra una estructura criminal acusada de lavar activos y ser testaferros de la familia Rivera Maradiaga, mejor conocidos como “Los Cachiros”.
En dicha operación participaron la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Se realizó el aseguramiento de 84 bienes, 31 vehículos y 16 empresas mercantiles.
“Según las investigaciones que dieron como resultado requerimientos fiscales, los señores mencionados hoy por la UFECIC-MACCIH en el nuevo caso de corrupción, Francisco Arturo Mejía, Roberto Arturo Mejía Salgado y Waldina Lizzeth Salgado Pérez, fueron acusados por el Ministerio Publico el año anterior por sus nexos con la familia Rivera Maradiaga en muchas de sus operaciones como organización criminal”, dice la nota del MP.
En ese sentido, el MP público informó que estas personas se encuentran prófugas de la justicia. De acuerdo a las investigaciones, a estas personas los unían varias empresas y diversas transacciones con «Los Cachiros»
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Requerimiento fiscal
La MACCIH presentó un requerimiento fiscal en contra de 10 personas involucradas en actos irregulares. Estas habrían hecho fraude al Estado hondureño por más de 4 millones de lempiras en el proyecto de la represa hidroeléctrica «Patuca III».
Investigaciones
La MACCIH informó que en el proyecto hidroeléctrico de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) están vinculadas tres empresas. Por lo que los involucrados en este caso responden a los nombres de:
- Gabriel Prieto
- Juan José Villeda Mejía
- Renán Alexis Maldonado
- Luisa Sofía Figueroa
- Elia Virginia Medina
- Waldina Lizzette Salgado
- Francisco Arturo Mejía
- Roberto Arturo Mejía Salgado
- Ada Amalia Puerto
- Suyapa Lorena Rivera
A los implicados se les acusa por los delitos de fraude, abuso de autoridad y falsificación de documentos. Además de los delitos de violación de los derechos de los funcionarios, cohecho, soborno doméstico y complicidad.
