Redacción. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está experimentando una expansión sin precedentes desde julio de 2025.
Este crecimiento monumental es el resultado de la aprobación por parte del Congreso de EE. UU. de un presupuesto histórico de 170 mil millones de dólares para la aplicación de leyes migratorias y seguridad fronteriza. De esta cifra, 75 mil millones de dólares se destinarán directamente a ICE, marcando un hito en la inversión en este ámbito.
La nueva ley, promulgada por el presidente Donald Trump el 3 de julio de 2025, ya está reconfigurando las políticas migratorias en todo Estados Unidos, generando un impacto profundo en inmigrantes, familias y comunidades. Esta inyección de fondos representa la mayor inversión individual en la aplicación de la ley de inmigración jamás vista en el país.
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Aumento de capacidad
De los 170 mil millones de dólares asignados, 45 mil millones están destinados a expandir el sistema de detención de ICE, con el objetivo de aumentar su capacidad a más de 100,000 camas, cifra que podría llegar hasta las 116,000. Además, casi 30 mil millones de dólares se asignarán a las operaciones de aplicación y deportación. El incremento permitirá a la agencia contratar a más de 10,000 nuevos agentes en los próximos cinco años.
Como parte de esta ambiciosa expansión, se incentiva activamente la participación de gobiernos estatales y locales, con 3.5 mil millones de dólares disponibles para construir o arrendar centros de detención y ampliar las alianzas locales en la aplicación de la ley. El presupuesto también triplica el gasto en la construcción de muros fronterizos en comparación con el primer mandato de Trump, destinando 46.6 mil millones de dólares a nuevas barreras en la frontera sur.
Hacinamiento
Para finales de junio de 2025, la población de detenidos de ICE alcanzó un máximo histórico de 59,000 personas, superando drásticamente la capacidad financiada de 41,500 camas y provocando un grave hacinamiento en muchas instalaciones. Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y organizaciones legales han denunciado que muchos detenidos duermen en el suelo, carecen de necesidades básicas y enfrentan el empeoramiento de las condiciones.
La nueva legislación introduce varios cambios significativos en la operación de ICE. La expansión de la detención se acelera con nuevos contratos con empresas penitenciarias privadas. Una política clave es la expulsión acelerada, que a partir del 21 de enero de 2025 permite a los agentes de ICE deportar rápidamente a indocumentados.
Los estados y las agencias de aplicación de la ley locales recibirán nuevos fondos para apoyar a ICE. Asimismo, la ley incrementa notablemente las tarifas de muchas solicitudes de inmigración. El Estatus de Protección Temporal (TPS) ahora cuesta 550 dólares, las solicitudes de asilo 100 dólares, y la tarifa para apelar una decisión ha subido de 110 a 900 dólares.
