Redacción. Un grupo de doce congresistas demócratas presentó una demanda ante la Corte de Distrito en Washington, D.C., contra la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), acusando al Gobierno de bloquear ilegalmente sus esfuerzos de supervisar los centros de detención de inmigrantes.
Según la demanda, durante los primeros seis meses del actual gobierno han muerto al menos 11 personas bajo custodia de ICE. Además, se asegura que ciudadanos estadounidenses han sido detenidos ilegalmente, en algunos casos sin acceso a representación legal.
“Como parte de su campaña de deportación masiva, la administración ha sobrecargado el sistema de detención migratoria estadounidense”, señala el documento judicial. “Los informes de malos tratos han sido generalizados e incluyen detalles inquietantes de hacinamiento, escasez de alimentos, falta de atención médica adecuada y condiciones insalubres”.
Obstrucción a la labor del Congreso
Asimismo, los legisladores aseguran que la administración ha implementado nuevas políticas que les impiden realizar visitas de supervisión, violando su deber constitucional de fiscalizar el uso de fondos públicos y el cumplimiento de la ley federal en estas instalaciones.
“La obstrucción a la supervisión del Congreso no es solo una afrenta a la Constitución, sino una amenaza para nuestra democracia”, expresó el congresista Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso. Él mismo ha enfrentado obstáculos para ingresar a centros de detención en la ciudad de Nueva York.
De igual manera, los demandantes cuestionan una norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigida por la secretaria Kristi Noem, que exige un aviso previo de siete días para autorizar visitas de inspección, lo cual consideran una barrera injustificada. La demanda exige que se les permita ejercer su labor sin trabas ni restricciones.
Quiénes son los demandantes
Entre los firmantes de la demanda se encuentran:
- Adriano Espaillat (presidente del Caucus Hispano del Congreso)
- Joe Neguse (líder demócrata asistente)
- Bennie G. Thompson (miembro de alto rango del Comité de Seguridad Nacional)
- Jamie Raskin (miembro de alto rango del Comité Judicial)
- Robert García (miembro de alto rango del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental)
- J. Luis Correa (miembro del Subcomité de Seguridad y Control Fronterizo)
Todos ellos sostienen que el bloqueo a sus labores forma parte de un patrón de opacidad y abuso institucional.
Organizaciones legales respaldan la demanda
La acción legal fue interpuesta con el respaldo de Democracy Forward Foundation y American Oversight, bajo el caso Joe Neguse et al. v. U.S. Immigration and Customs Enforcement et al.
Joe Neguse, uno de los demandantes, afirmó: “Impedir que los miembros del Congreso realicen visitas de supervisión a las instalaciones del ICE viola claramente la ley federal, y la Administración Trump lo sabe”.
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, sostuvo que la demanda busca proteger el corazón de la democracia estadounidense: “Cuando la Administración cierra las puertas a la supervisión, excluye al pueblo estadounidense”.
Graves acusaciones sobre abuso y encubrimiento
Chioma Chukwu, directora ejecutiva de American Oversight, denunció condiciones indignas dentro de los centros de detención, donde migrantes pasan retenidos en espacios superpoblados, sin camas, duchas ni atención médica adecuada.
Asimismo, afirmó: “el ICE mantiene a hombres, mujeres y niños en condiciones precarias, a veces durante días. La obstrucción del ICE no solo es ilegal, sino un intento descarado de proteger el abuso del escrutinio”.
