Redacción. Hoy, a las 12:00 de la medianoche, se cierra el plazo para que los movimientos internos de los partidos políticos que participaron en las elecciones primarias del pasado 9 de marzo presenten sus informes financieros ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).
Esta acción está enmarcada en lo que establece el artículo 47 de la Ley de Financiamiento, el cual señala que los movimientos deben rendir cuentas sobre sus ingresos y egresos durante el proceso electoral, con un plazo de 20 días hábiles para hacerlo.
Hasta el momento, tres de los 15 movimientos internos han entregado sus informes en tiempo y forma: Renovación y Unidad Nacionalista (RUN) de Jorge Zelaya, Rescate y Transformación de Roberto Martínez Lozano (Partido Nacional) y Vamos Honduras de Salvador Nasralla (Partido Liberal).
Estos son los primeros en cumplir con la normativa, permitiendo que la UFTF inicie la auditoría correspondiente a sus informes.
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Sanciones por incumplimiento
El comisionado de la UFTF, Emilio Hércules, señaló que la fecha límite para la presentación de los informes es hoy a la medianoche, y que después de este horario se considerará la entrega de informes de manera extemporánea.
Las sanciones para los movimientos que no cumplan con esta obligación son claras. En primer lugar, la multa por no rendir cuentas a tiempo es de 25 salarios mínimos, lo que equivale a unos 350,000 lempiras. En caso de una persistente negativa, la multa podría duplicarse a 50 salarios mínimos, aproximadamente 700,000 lempiras. Además, este incumplimiento será incluido en los expedientes sancionatorios, lo que podría generar repercusiones adicionales.
Los precandidatos también tenían un plazo para rendir cuentas, que finalizó el 23 de marzo. En este caso, los movimientos internos son responsables ante la UFTF de asegurar que los fondos utilizados durante las campañas primarias sean transparentes y legales.
La UFTF está preparada para recibir los informes de forma extemporánea, aunque esta situación implica un incumplimiento a la normativa que podría acarrear consecuencias económicas para los movimientos políticos.
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