Redacción. El juez Kevin Castel se reunirá con la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York este miércoles para abordar el tratamiento de la evidencia «clasificada» durante el proceso judicial.
El exmandatario hondureño no estará presente durante la audiencia CIPA (Ley de Procedimientos de Información Clasificada).
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El día de ayer, la apoderada legal del expresidente JOH, Sabrina Shroff, envió una carta al juez asegurando que varios documentos en el caso ahora son altamente clasificados, lo que restringe el acceso a la información que contienen.
«Consultamos con las partes interesadas y los directores de seguridad de la información y nos notificaron que algunas partes del suplemento en la sección 5 ahora son clasificadas«, detalló Shroff.
Posición de la fiscalía
Por otro lado, el Departamento de Justicia pidió a Castel mantener la información contra el exmandatario Juan Orlando Hernández en carácter de clasificada.
«El Gobierno escribe en respuesta a la carta del demandado del 13 de febrero de 2024 sobre el acceso al aviso suplementario de la Sección 5 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (“CIPA”)«, establecía el escrito.
Información clasificada
Igualmente, el juez Castel determinó mantener las pruebas clasificadas. Por lo tanto, ni él ni los apoderados legales conocerán las pruebas con las que cuenta la fiscalía de EEUU. Sin embargo, durante la reunión de este día, podrán determinar cuál será el uso de estos documentos.
Hernández está imputado de tres cargos:
(1) Conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos. Eso conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una sentencia máxima de cadena perpetua.
(2) Usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína. Poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína. El delito conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una sentencia máxima de cadena perpetua.
(3) Conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración de importación de cocaína. Poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.
La División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la Oficina Regional de Tegucigalpa investigaron el caso.
Según Estados Unidos, los fiscales federales adjuntos Jacob H. Gutwillig, Michael D. Lockard, Jason A. Richman y Elinor L. Tarlow del Distrito Sur de Nueva York procesan el caso.
