Redacción. A menos de 48 horas de que venza el plazo oficial para extender el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el miedo se apodera de decenas de miles de hondureños en Estados Unidos.
Son más de 55,000 los que dependen de este mecanismo para mantener una vida legal, estable y productiva en ese país. Hoy, su futuro está suspendido en el aire.
María Santos, originaria de El Paraíso y radicada en Nueva York desde hace 20 años, teme por lo que pueda venir. “Mis hijos son estadounidenses. No tengo a dónde volver. Aquí trabajo, pago impuestos, mando remesas. Pero si me quitan el TPS, ¿qué hago?”, dijo entre lágrimas.
El TPS fue otorgado a Honduras en 1999 tras la devastación del huracán Mitch. Desde entonces, ha sido renovado por sucesivos gobiernos estadounidenses, permitiendo a los beneficiarios trabajar, obtener licencias de conducir y vivir sin temor a la deportación.
Sin embargo, no es una vía hacia la residencia permanente y debe renovarse cada cierto tiempo.
La situación es aún más delicada tras la reciente cancelación del TPS para ciudadanos de Haití y Venezuela, países cuyos contextos sociopolíticos también son frágiles. Esto encendió las alarmas en la comunidad hondureña, que teme correr la misma suerte.
Respuesta del gobierno
Gerardo Torres Zelaya, vicecanciller de Honduras, explicó que si el gobierno de Estados Unidos no se pronuncia oficialmente antes del 5 de julio, el TPS se renovaría automáticamente por seis meses más.
“El reloj ya está corriendo. Faltan menos de 48 horas y, si no hay comunicación formal, se ampliaría hasta diciembre. Eso es parte de una política de continuidad basada en la norma del propio DHS (Departamento de Seguridad Nacional)”, explicó.
Torres recalcó que el gobierno de Xiomara Castro ha mantenido conversaciones continuas con funcionarios estadounidenses para asegurar la renovación del estatus. “Es un trabajo coordinado entre la presidenta y Cancillería. No es sólo un gesto político, es un compromiso humano con las familias que dependen de ese estatus”, dijo.
No obstante, fue crítico con los gobiernos anteriores por no haber aprovechado las décadas transcurridas para buscar un estatus migratorio más permanente.
“Hemos tenido TPS desde 1998. Si hubiéramos hecho un trabajo eficiente en relaciones exteriores, tal vez hoy tendríamos a nuestros compatriotas con residencia permanente, no esperando cada seis meses si pueden quedarse o no”, señaló.
Afectaciones
El temor no únicamente es jurídico, además es económico. Las remesas enviadas por la diáspora hondureña (una buena parte de ellas enviadas por beneficiarios del TPS) sostienen a miles de familias en el país. Según el BCH, en lo que va de 2025, Honduras ha recibido más de 5,000 millones de dólares en remesas.
“Más allá del dinero, lo que está en juego es la estabilidad emocional y familiar de nuestra gente. Padres que podrían ser deportados y separados de sus hijos nacidos en EE. UU. Es un drama humano que no puede subestimarse”, advirtió Torres.
TPS
Aunque el TPS cubre a unas 55,000 personas, se estima que más de 1 millón de hondureños viven en EE. UU., muchos de ellos sin un estatus migratorio definido. Torres aseguró que la presidenta también ha avanzado en diálogos con Washington para facilitar otras vías de regularización para ese amplio sector.
Por ahora, todo depende de un silencio. Si el DHS no emite una notificación en las próximas horas, el TPS se extenderá automáticamente hasta el 5 de diciembre de 2025. Pero si hay una cancelación oficial, los beneficiarios quedarían en una peligrosa indefensión legal.
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Mientras tanto, la comunidad hondureña en EE. UU. espera. El sueño americano, para muchos, se mantiene colgando de un hilo legal y de una decisión que podría cambiarlo todo.
