Redacción. Organizaciones pro-migrantes hondureñas y líderes comunitarios en el sur de la Florida han expresado su rechazo a las recientes declaraciones de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien amenazó con retirar la base militar estadounidense del país si EE.UU. realizaba deportaciones masivas de hondureños.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones rechazaron lo que consideran un intento de estigmatizar a la diáspora hondureña y señalaron que dichas declaraciones responden a una agenda ideológica vinculada al socialismo, a la que se hace referencia como el «plan Venezuela».
El pronunciamiento también señala que la presidenta Castro no ha demostrado interés en proteger a los hondureños en situación migratoria irregular en EE.UU. Además, comunicaron que desde el inicio de su gobierno, ha tomado decisiones que han dejado a la comunidad migrante en una situación de vulnerabilidad.
Llamado
Las organizaciones hicieron un llamado a la administración saliente de Joe Biden y a la entrante administración de Donald Trump para que adopten medidas que protejan a los hondureños sin estatus migratorio, en especial extendiendo y redesignando el Estatus de Protección Temporal (TPS).
En decir, instaron a ambas administraciones a extender y redesignar el TPS, un programa clave que ofrece refugio temporal y protección contra la deportación a los migrantes provenientes de países afectados por situaciones de crisis, como el caso de Honduras.
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Organizaciones en defensa de los migrantes
Las organizaciones advirtieron que una deportación masiva pondría en peligro la vida de miles de hondureños, debido a la creciente violencia en el país, vinculada al crimen organizado y la corrupción en el gobierno.
Además, aseguraron que, actualmente, el gobierno de Honduras no ofrece garantías para un regreso seguro. Seguidamente, mencionaron la cancelación del tratado de extradición como una de las medidas recientes que agravan la situación.
El comunicado también destaca que, debido al cambio climático, la infraestructura del país y los campos agrícolas han sido gravemente afectados. Es decir, que esta situación ha empeorado las condiciones de vida de la población.
Las organizaciones señalan que el gobierno de Castro no ha logrado frenar la corrupción, el crimen organizado y la violación de derechos humanos. La situación también se ve complicada por la persecución política a líderes opositores y la creciente amenaza contra la libertad de prensa en Honduras.
Finalmente, las organizaciones recordaron que los inmigrantes hondureños han sido una pieza clave para la economía de EE. UU. y subrayaron su importante aporte al país a través del envío de remesas. En 2024, estas superaron los 9,600 millones de dólares, lo que equivale al 27 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, según datos proporcionados por la presidenta Castro.
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