Redacción. La cruda realidad de los hondureños que laboran en la economía informal ha sido revelada nuevamente por el dirigente obrero, José Luis Baquedano, quien aseguró que este grupo de personas únicamente subsiste con 8 mil lempiras al mes, una cantidad insuficiente para cubrir los gastos básicos.
Hoy en día, más de dos millones de personas laboran en el sector informal en Honduras. Durante una entrevista con HRN, Baquedano señaló que la mayoría de la población económicamente activa está involucrada en este campo, el cual carece de derechos y acceso a la protección social (considerados fundamentales pero inalcanzables para muchos).
La falta de oportunidades laborales ha empujado a muchos hondureños a buscar trabajo en el sector informal o incluso a emigrar del país en busca de mejores condiciones. Un 75 % del empleo lo genera el sector informal, mientras que sólo el 25 % proviene del sector formal.
«Cada día, entre 80 mil y 100 mil jóvenes ingresan al mercado laboral sin encontrar oportunidades adecuadas», señaló. Para enfrentar la situación, Baquedano propuso un diálogo nacional inclusivo que involucre a todos los sectores y abordar los problemas que afectan a los hondureños.
Esfuerzos
Por su lado, el Gobierno de Honduras y el sector privado han unido esfuerzos para afrontar el alto índice de desempleo en el país. Como parte de su trabajo, llevaron a cabo una reciente reunión -entre la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, y la presidenta Xiomara Castro- para implementar acciones que generen más plazas de trabajo en el país.
El consejo presentó una propuesta integral enfocada en reactivar el tejido productivo nacional, con el objetivo primordial de generar empleo y oportunidades para las familias hondureñas. Esta propuesta abarca la creación de una Mesa de Empleo y Competitividad Público-Privada.
La misión de la Mesa será identificar las necesidades más importantes del país y buscar soluciones en conjunto. Pero también buscará definir una política encargada de establecer las prioridades nacionales y detallar una política energética que garantice un suministro competitivo y estable de energía, garantizando un entorno propicio para el crecimiento económico e inclusivo.
«Vimos temas de cooperación internacional, ambientales, de desarrollo económico. También de los procesos que la empresa privada a diario está trabajando», declaró ante los medios de comunicación, Héctor Zelaya, secretario privado de la presidencia.