Redacción. La reciente detención de ocho hondureños en Florida, estado ubicado más al sureste de Estados Unidos, ha generado indignación y preocupación, especialmente en los defensores de derechos humanos y la comunidad migrante.
A los compatriotas se les acusa de presunto allanamiento de morada y daños a la propiedad, aunque activistas como Itsmania Platero, experta en temas migratorios, han argumentado de que se trata de trabajadores en «busca de mejores oportunidades».
Platero defendió que los migrantes no son delincuentes, sino personas que han llegado a Estados Unidos a trabajar. «La Cancillería (de Honduras), a través del asistente consular, debe visitar a estos hondureños y darles asistencia para que no se les violente el proceso. Ellos no son delincuentes, son personas que llegaron a trabajar», explicó la experta a Diario Tiempo.
La activista subrayó que, después de la victoria de Donald Trump en las recientes elecciones, intensificaron la aplicación de leyes antimigrantes en estados como Florida y Texas. Entre estas normativas destacan la SB-1718 y la SB-4, consideradas las más severas en contra de migrantes indocumentados.
«Ahorita que gana Trump, Marco Rubio, quien es de Florida, tuvo mayor impacto. Él era de los primeros que hablaba de las redadas y el recrudecimiento contra el migrante ilegal», añadió Platero.
También debido a los estragos causados por el huracán Milton, según la defensora, se llevó a cabo una campaña para atraer trabajadores a Florida. Pero una ley interna del estado prohíbe este tipo de contrataciones a personas externas, lo que complica la situación de los hondureños detenidos, quienes afirmaron haberse movilizado de Texas a Florida para la reconstrucción de viviendas afectadas por el huracán Milton.
«A estos compatriotas les aplican daños a la propiedad privada porque los tipifican como invasores, y allanamiento de morada porque se meten en un territorio que no es de ellos», subrayó.
Opciones legales
Para Platero, una de las alternativas para los migrantes está en solicitar asilo en Estados Unidos. No obstante, el proceso requiere un expediente de amparo que demuestre las razones por las cuales no pueden ser retornados a Honduras: «La opción que tienen es que soliciten asilo, pero Florida no está dando asilo si no presentan las pruebas. Si estos hondureños no tienen estas pruebas, no hay opción. Sinceramente, es muy difícil que un migrante entre a Estados Unidos logrando el asilo político».
La ley estadounidense castiga el trabajo ilegal con detenciones que pueden durar entre seis meses y un año, dependiendo del estado. Además, si los migrantes firman una solicitud de deportación quedarán inhabilitados para regresar a Estados Unidos por al menos diez años. «Si ellos dicen: ‘No me deporten porque me van a matar en Honduras’, deben demostrarlo con documentos que lo avalen», reiteró.
Rolando Sierra, también experto en migración, destacó que «si alguno de ellos había solicitado el asilo previamente tienen probabilidades de quedarse, en el sentido de que pueden apelar a esta situación. De lo contrario, pueden ser deportados». Añadió que «ellos pueden apelar de acuerdo a su situación, pero sería un proceso muy largo».
Sierra advirtió que con la llegada de Trump y el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos se prevé que estas medidas influyan negativamente en los migrantes, particularmente en el caso de estos ocho hondureños.
Rol de la Cancillería de Honduras
La Cancillería de Honduras tiene un rol importante en este caso y debe de actuar rápidamente a través de sus consulados. Aunque Florida, como sostiene Itsmania Platero, carece de una embajada o consulado fijo.
Las familias de los detenidos en Honduras tendrían que preparar un expediente de amparo con apoyo de expertos legales para respaldar la petición de asilo. Y, además, contratar abogados en Estados Unidos que puedan guiar el proceso legal de los migrantes.
Contexto de la detención
Los ocho hondureños fueron detenidos en Florida y acusados de allanamiento de morada y daños a la propiedad tras supuestamente ingresar sin autorización a una vivienda.
Según la familia de los detenidos, llegaron al estado buscando empleo tras el huracán Milton y estaban legalmente en la vivienda. La dueña de la vivienda afirmó que los hondureños ingresaron a la propiedad sin autorización y causando daños. Asimismo, se dijo que uno de los detenidos, Jorge Molina Pineda, agredió a un agente de la patrulla fronteriza.
