Redacción. Bancadas de los partidos políticos llegaron hasta el Congreso Nacional para evitar que la Comisión Permanente, liderada por el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, anule los resultados de las elecciones generales.
Los congresistas de los partidos Nacional y Liberal se apostaron en los bajos del hemiciclo bajo la consigna de mantener la “vigilia, si es necesario”. El objetivo es proteger la declaratoria ante una presunta estrategia del oficialismo para desplazar a los legisladores propietarios y anular los resultados.
El diputado Éder Mejía fue uno de los primeros en alertar sobre la situación, señalando directamente al partido de gobierno.
“Libre pretendía darle un golpe a la democracia este día aquí en el Congreso Nacional de la República, queriendo, con diputados suplentes de su misma bancada, usurpar los curules de los diputados del Congreso”, denunció el parlamentario.
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De igual manera, Mejía recalcó que la presencia de los diputados busca impedir que se violente la institucionalidad mediante la imposición de suplentes en los asientos legislativos.
“Aquí estamos firmes para defender la democracia de Honduras. Decirle a estos que mal dirigen el Congreso Nacional que no les vamos a permitir que violenten la institucionalidad del país”, sostuvo con firmeza.
Sesión permanente
Por su parte, la diputada Fátima Mena anunció que el bloque opositor se ha declarado en “sesión permanente”, instruyendo la movilización inmediata de todos sus cuadros hacia el hemiciclo.
No obstante, el oficialismo, representado por el diputado Manuel Rodríguez, intentó bajar la temperatura de la confrontación al asegurar que la convocatoria de la Comisión tiene como único fin ratificar los “ascensos en las Fuerzas Armadas” y en la Policía Nacional, contando con la presencia de la cúpula militar.
A pesar de estas explicaciones, el jefe de bancada nacionalista, Tomás Zambrano, ratificó que la vigilancia continuará debido a las amenazas de Redondo de sesionar únicamente con el partido Libre.
Para Zambrano, estas maniobras buscarían desconocer la voluntad popular, así como anular el proceso electoral. Además, tendrían como objetivo proclamar a Rixi Moncada como presidenta, lo que representaría un atentado directo contra el sistema democrático.
El líder opositor concluyó afirmando que la actual administración legislativa culminará su periodo de forma “ilegal” debido a los atropellos sistemáticos registrados durante su gestión.
