Redacción. Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López-Osorio, emitieron un comunicado en el que denuncian irregularidades durante el escrutinio especial y rechazan presiones que, aseguran, buscan impedir la declaratoria electoral.
En el documento, las consejeras explican que el escrutinio especial está expresamente regulado por la Ley Electoral y debe ser ejecutado únicamente por las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), integradas por representantes acreditados de los partidos políticos.
Las funcionarias enfatizaron que «la ley es inequívoca: el CNE no tiene atribuciones para realizar directamente el escrutinio especial ni para delegar dicha función en terceros», limitando su responsabilidad únicamente al apoyo logístico y técnico.
Denuncia
Durante este proceso, denunciaron que un grupo significativo de miembros de las JEVR, bajo lineamientos de sectores políticos identificables, ha realizado acciones para obstruir el conteo.
- Paralización injustificada de labores
- El uso de tiempos excesivos para procesar actas
- La anulación de estas sin causa legal
- Actos de violencia en las instalaciones.
Según las consejeras, estos hechos no son casuales, sino que «constituyen un patrón de conducta sistemático y coordinado, orientado a impedir la emisión de la declaratoria electoral y forzar la repetición de las Elecciones Generales 2025». Ante esto, aseguraron que el CNE defenderá la voluntad popular expresada en las urnas y el orden constitucional.
Sobre la Comisión Permanente del Congreso Nacional, el comunicado advierte que sus facultades están limitadas por la Constitución y que cualquier acción que exceda ese marco es ilegal. Debido a que el CNE aún está dentro del plazo legal para la declaratoria, señalaron que dicha comisión no tiene autoridad para pronunciarse sobre el proceso o las consejeras, calificando cualquier intento de hacerlo como una «injerencia indebida en la función electoral».
Ministerio Público
Respecto al Ministerio Público, Hall y López-Osorio manifestaron que han defendido el sistema democrático a pesar de recibir ataques institucionales y personales desde dicha entidad.
Recordaron que, debido a su investidura, gozan de la prerrogativa del juicio político y que, mientras este procedimiento no se agote, «el Ministerio Público no está facultado para ejercer acción penal en nuestra contra, por lo que debe cesar en sus actuaciones en nuestra contra, que se ejecutan al margen de la Ley».
Advirtieron además que cualquier actuación que ignore este procedimiento generará responsabilidad legal para sus ejecutores.
Recuento
Además, las consejeras señalaron la responsabilidad de los partidos políticos, indicando que algunos sectores han pervertido el sistema de equilibrio y control cruzado.
Denunciaron que estos sectores «han secuestrado el proceso mediante el uso indebido de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento», acreditando personas que han trabajado deliberadamente para distorsionar el escrutinio.
Concluyeron que intentar culpar al CNE por las consecuencias de estos actos es una conducta irresponsable y atentatoria contra la soberanía nacional. Además, solicitaron a la ciudadanía y a la comunidad internacional mantenerse vigilantes ante cualquier nuevo atentado contra el proceso o sus autoridades.
