Redacción. La Misión de Observación Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) hizo un llamado urgente al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, presidido por Ana Paola Hall, para que se realice un escrutinio completo de todas las actas con inconsistencias y aquellas impugnadas por los partidos políticos, tal como lo establece la Ley Electoral y la Constitución de Honduras.
En un comunicado, la misión Copppal destacó que este procedimiento es fundamental para recuperar la legitimidad del proceso y evitar tensiones sociales y políticas.
También alertó que forzar la declaración de un ganador sin cumplir con el proceso legal podría generar una crisis de gobernabilidad, incluso más grave que la registrada en 2009. Asimismo, advirtió a los 75 partidos políticos de 30 países, así como a organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Unión Europea, sobre los riesgos que un proceso apresurado podría representar para Honduras y la región centroamericana.
El llamado central de la misión es que el CNE actúe con responsabilidad, respetando la ley y garantizando que todas las impugnaciones y actas inconsistentes sean revisadas. Según ellos, así se evitarán escenarios que podrían desestabilizar política, económica y socialmente al país.
Controversia
El proceso electoral hondureño entró en su fase decisiva luego de que el CNE anunciara que se encuentra en condiciones de proclamar al ganador de las elecciones, en un escenario marcado por estrechos márgenes, reclamos políticos y una profunda división interna en el organismo.
Con el 99.93 % de las actas escrutadas, el conteo oficial mantiene al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, al frente de los resultados. El nacionalista mantiene una ventaja inferior a un punto porcentual sobre Salvador Nasralla, aspirante presidencial del Partido Liberal.
La noche del martes, el pleno del CNE aprobó por mayoría un informe técnico que recomienda declarar al vencedor con base en los datos disponibles hasta el momento, pese a que aún quedan actas pendientes de revisión. Esta decisión despeja el camino para una eventual declaratoria oficial, que podría anunciarse este miércoles.
De acuerdo con el calendario electoral, el CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para oficializar la proclamación del nuevo mandatario. Sin embargo, el proceso sigue rodeado de controversia, ya que permanecen sin resolver 395 actas con inconsistencias. También existen decenas de impugnaciones, nulidades y reclamos presentados por distintas fuerzas políticas.
La resolución aprobada contó únicamente con el respaldo de dos de los tres consejeros propietarios, lo que generó fuertes cuestionamientos. Marlon Ochoa se negó a avalar el informe y calificó el proceso como un “golpe de Estado electoral”.
Ochoa sostuvo que aún deben resolverse 288 recursos pendientes y advirtió que no participará en un acto que, a su criterio, carece de legalidad. Tras la sesión, presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen posibles delitos electorales
