Redacción. Durante el último trimestre de 2025, las autoridades hondureñas reportaron un aumento alarmante en la atención de menores de edad embarazadas, un fenómeno que, lejos de estabilizarse, muestra una tendencia de crecimiento acelerado que mantiene en vilo al personal de salud.
De acuerdo con la ginecóloga obstetra Melissa Ordóñez, el panorama ha cambiado drásticamente en cuestión de meses.
Hasta agosto, las unidades especializadas atendían un promedio de entre 140 y 170 adolescentes mensualmente; a partir de octubre, la cifra se disparó en un 30 %. Este repunte no únicamente satura los servicios clínicos, sino que revela una profunda crisis de desprotección y vulnerabilidad social.
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Riesgos clínicos
El foco de la preocupación médica se centra en las menores de 15 años, que encabezan las estadísticas de atención reciente en el país.
Ordóñez advirtió que, a nivel biológico, el cuerpo de una niña no posee la madurez necesaria para gestar. Esto convierte cada caso en un escenario de alto riesgo que exige vigilancia especializada para evitar complicaciones fatales tanto para la madre como para el recién nacido.
Violencia sexual
La realidad hospitalaria refleja una problemática legal más profunda. Datos del Ministerio Público son contundentes: hasta julio de 2025, el 50 % de las denuncias por delitos sexuales en el país correspondieron a víctimas menores de edad.
Si se analiza el contexto histórico de los últimos ocho años, la magnitud del problema es devastadora:
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Se contabilizan 33,600 víctimas de delitos sexuales en total.
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El 53 % de estas víctimas (17,829 niños y adolescentes) tenía entre 0 y 17 años.
Frente a este escenario, la comunidad médica y las organizaciones de derechos humanos hacen un llamado urgente a fortalecer las políticas de prevención y educación. Del mismo modo, la detección temprana y el cuidado cotidiano son, hoy más que nunca, herramientas vitales para frenar una tendencia que compromete el futuro de miles de niñas hondureñas.
