Redacción. La Sala de lo Constitucional dejó sin efecto una instrucción administrativa emitida por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, mediante la cual se pretendía nombrar de forma interina al abogado Gerardo Alvarenga como ministro de fe pública durante el periodo vacacional del Poder Judicial.
La decisión fue comunicada a través de un oficio interno, en el que la presidencia de la Sala aclaró que esa función ya se encuentra asignada. Según el documento, la responsabilidad corresponde actualmente al secretario del órgano jurisdiccional, Carlos Alberto Almendárez Cálix.
El funcionario fue designado con anterioridad para ejercer el ministerio de fe pública durante el segundo periodo vacacional, que abarca del 15 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026. Por esa razón, la Sala consideró innecesario realizar una nueva designación.
En el oficio se hace referencia a una instrucción emitida por la Presidencia de la CSJ, contenida en el documento identificado como Oficio No. SGCSJ-3106-2025. En dicha comunicación se ordenaba designar a Alvarenga para recibir escritos relacionados con asuntos de competencia constitucional.
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No obstante, la Sala de lo Constitucional sostuvo que existe una designación vigente, debidamente respaldada por la normativa legal. Además, indicó que este nombramiento garantiza la tutela judicial efectiva de la ciudadanía durante el receso judicial.
Con base a Ley
Para fundamentar su decisión, la Sala citó disposiciones de la Constitución de la República. También hizo referencia a la Ley sobre Justicia Constitucional, al Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia y al Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional.
En consecuencia, el órgano jurisdiccional dejó sin efecto cualquier disposición que contradiga la designación previamente establecida. Asimismo, reiteró que la recepción de escritos ciudadanos continuará bajo la responsabilidad del funcionario ya nombrado, conforme al marco legal vigente.
Este desacuerdo institucional se produce en un contexto político sensible, marcado por la crisis electoral que atraviesa el país. La situación coincide con la falta de culminación del conteo de votos y la ausencia de una declaratoria oficial de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral.
