Redacción. Un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, dictó auto de formal procesamiento, pero con medidas sustitutivas a la prisión a Dulce María Villanueva, extitular de la extinta Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).
La acción se logró luego de una extensa audiencia inicial en los juzgados de Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras. A la exfuncionaria la capturaron detectives de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el pasado lunes 8 de diciembre.
El Ministerio Público (MP) acusa a la exfuncionaria de Estado del delito de concusión, por irregularidades durante su gestión como directora de la Dinaf, relacionadas con trámites de adopción de menores y el cobro de coimas.

A pesar de ello, el juez que conoce la causa determinó que debe de enfrentar el proceso en libertad, pero cumpliendo medidas como:
- Firmar periódicamente.
- Prohibición para salir del país.
- No asistir a las instalaciones de la ahora Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
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De acuerdo con información proporcionada por los Noticieros Hoy Mismo, la exfuncionaria presentó una hipoteca de 2 millones de lempiras, para así obtener su libertad a pesar de continuar con el proceso judicial.
La audiencia preliminar en la causa quedó agendada para el próximo lunes 12 de enero del 2026 a partir de las 10:30 de la mañana.
El escándalo y la acusación
Hace un tiempo se filtraron unos audios donde Villanueva pedía a los empleados de esta institución estatal, a cambio de mantenerlos en sus puestos de trabajo.
También, padres de menores de edad bajo custodia de la institución y otras fuentes, aseguraron que la exfuncionaria habría incurrido en trámites administrativos irregulares relacionados con las adopciones.
Por tal motivo, las autoridades comenzaron con la investigación en su contra por suponerla responsable de los delitos de cohecho impropio, sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.

El día que se confirmó su captura, el fiscal general, Johel Zelaya, explicó que los fiscales manejan los casos de manera reservada. Por tal motivo, no podían divulgar públicamente los detalles de la investigación mientras estaba en curso.



