Redacción. La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, advirtió este domingo que los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) están constitucionalmente obligados a cumplir con sus funciones y emitir la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones generales.
Mena señaló que la negativa injustificada a hacerlo podría derivar en responsabilidades civiles, penales y administrativas.
En entrevista concedida al noticiero Hoy Mismo, Mena subrayó que el pueblo hondureño ya cumplió con su deber democrático al acudir masivamente a las urnas el pasado 30 de noviembre, por lo que ahora corresponde a las autoridades electorales responder con la misma responsabilidad institucional.
“El pasado 30 de noviembre el pueblo hondureño salió a manifestarse a las urnas para establecer su mandato. Hoy es claro que solo sobreviven dos candidatos: Salvador Nasralla y Nasry Asfura. Entre ellos está quién será el próximo presidente de Honduras”, expresó la parlamentaria.
Mena enfatizó que los consejeros del CNE son los garantes del proceso electoral y, en consecuencia, deben ofrecer una respuesta clara y transparente a la ciudadanía, basada en la evidencia que arrojan los resultados oficiales de las elecciones generales.
“Los miembros del CNE deben darle respuesta al pueblo hondureño sobre quién será nuestro próximo presidente, sustentados en la evidencia del proceso electoral”, afirmó.
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Negativa
Asimismo, Mena recalcó que el cumplimiento de esta responsabilidad no es una decisión personal de los consejeros, sino una obligación derivada del mandato constitucional.
“Esto no es algo de si quieren o no. Los funcionarios se deben al mandato constitucional y al ejercicio de sus atribuciones y facultades. Por lo tanto, es obligación de Marlon Ochoa, Cossette López y Ana Paola Hall establecer, con base en la evidencia del CNE, quién es la persona que obtuvo la mayoría de los votos”, declaró.
Las declaraciones de la diputada se producen luego de que el consejero Marlon Ochoa reiterara públicamente su decisión de no firmar la declaratoria oficial de las elecciones generales de 2025, postura que fue confirmada por el partido Libertad y Refundación (Libre).
Ochoa argumentó que no avalará un proceso que, a su juicio, no refleja la voluntad popular.
Además, sostuvo que su determinación responde a una convicción personal y a un compromiso con la ciudadanía. Afirmó incluso estar dispuesto a enfrentar consecuencias legales, políticas o mediáticas.
