Redacción. El ex subjefe del Estado Mayor Conjunto, Venancio Cervantes, continuará en prisión preventiva luego de que un juez rechazara nuevamente su solicitud de cambio de medidas en el proceso judicial que enfrenta por la muerte de Isy Obed Murillo, joven asesinado durante las protestas vinculadas al golpe de Estado de 2009.
La decisión reafirma la postura del tribunal sobre la gravedad del caso y el riesgo procesal que representa el imputado.
La defensa, encabezada por los abogados Percy Elvir y Luis Romero, explicó que habían presentado nuevas garantías con el objetivo de demostrar que no existía riesgo de fuga.
Entre las medidas propuestas se incluyeron arraigo domiciliario, laboral y patrimonial, así como una garantía hipotecaria superior a 21 millones de lempiras. Sin embargo, el tribunal consideró que estas garantías no reducían la gravedad de la pena ni el riesgo procesal, y decidió mantener la prisión preventiva.
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Motivos políticos
Romero cuestionó las especulaciones sobre posibles motivaciones políticas en la decisión y destacó que la defensa ha actuado estrictamente dentro del marco legal.
Señaló que la comparecencia voluntaria de Cervantes ante los tribunales en marzo, consciente de que podrían enviarlo a prisión, demuestra su disposición a cumplir con el proceso y refuerza que no existe riesgo de fuga.
Los abogados recordaron además que la Sala de lo Constitucional ha establecido en múltiples fallos que la presentación voluntaria de un imputado no puede considerarse indicio de fuga ni justificativo para medidas más estrictas.
Autoridades capturaron a Cervantes el 5 de enero de 2025 junto a Romeo Vásquez Velásquez y Carlos Puerto por su presunta participación en los hechos que provocaron la muerte de Murillo y las lesiones graves de Alex Zavala.
Tras cumplir arresto domiciliario, el tribunal revocó esa medida y los envió nuevamente a prisión preventiva, donde dos de ellos permanecen hasta la fecha. Romeo Vásquez se encuentra prófugo de la justicia.
El caso continúa siendo vigilado de cerca por la opinión pública debido a su relevancia histórica y las implicaciones legales de los implicados.
