Redacción. El Instituto Nacional Penitenciario (INP) anunció que 350 privados de libertad del Centro Penitenciario Nacional de Támara podrían obtener su libertad condicionada antes de finalizar 2025.
La información fue confirmada por la licenciada Digna Aguilar, directora de Comunicaciones del INP.
Aguilar explicó que este resultado proviene del trabajo de la Mesa Técnica de Seguimiento y Evaluación de Beneficios Legales, integrada por abogados del INP y por distintas dependencias del Poder Judicial.
“Esta mesa ha revisado caso por caso, considerando el tiempo de condena, el tipo de delito y el cumplimiento de los requisitos legales”, indicó.
Otros centros en proceso
La vocera detalló que la evaluación no se limita a Támara. También se realiza en el centro penitenciario de El Porvenir, en Siria, Francisco Morazán, y en la cárcel de mujeres PNFAS.
Agregó que, cuando concluya el año, el INP espera contar con una estadística nacional de las personas beneficiadas mediante este proceso interinstitucional.
Aguilar recordó que la libertad condicionada solo aplica a quienes cumplen con la ley. Entre los requisitos principales se incluye haber completado el programa de las 3R: Rehabilitación, Reeducación y Reinserción. Este proceso dura dos años y es obligatorio para solicitar cualquier beneficio penitenciario.
Además, el INP anunció que trabaja en un plan de acciones inmediatas dirigido a personas de primer ingreso con condición de procesados. A estos internos se les brinda formación laboral para facilitar su reinserción y reducir el riesgo de reincidencia.
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La funcionaria señaló que muchos internos han quedado sin representación legal porque sus abogados privados abandonaron los casos.
Con la llegada de la Comisión Interventora, dirigida por el general de brigada José Miguel Mejía Medina, se fortaleció la coordinación con los juzgados de ejecución, tribunales de sentencia y defensa pública.
Organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja y entidades de derechos humanos también participan en esta labor.
Aguilar destacó que los beneficios se enfocan en internos que ya aprendieron un oficio y cuentan con capacidades para incorporarse al trabajo.
El INP coordina acciones con el Instituto de Formación Profesional (Infop), con la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) y otras instituciones del Estado. Incluso, Serna ya emplea a exprivados de libertad en proyectos de reforestación.
El sistema también amplía la oferta académica. Algunos privados de libertad cursan carreras universitarias gracias a convenios con universidades públicas y privadas. El INP espera que estos programas se amplíen en 2026.
