Tegucigalpa. En medio de la crisis poselectoral que atraviesa Honduras, la Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por Luis Redondo, denunció este miércoles la existencia de un “golpe electoral en curso”.
Asimismo, advirtió que el Poder Legislativo no validará el proceso electoral del 30 de noviembre, al que calificó como “manchado por presiones internas y externas”.
Este miércoles, la Comisión Permanente sostuvo una reunión, programada inicialmente para las 12:00 del mediodía, pero arrancó a eso de las 2:00 de la tarde y concluyó en horas de la noche.
Durante una declaración oficial, Redondo aseguró que se han llevado a cabo acciones coordinadas que afectaron la integridad, transparencia y legitimidad del proceso electoral, por lo que el Congreso se reserva su facultad de rechazar los resultados hasta que se esclarezcan las irregularidades denunciadas.
“Denunciamos la existencia de un golpe electoral en curso materializado mediante acciones coordinadas, que afectaron gravemente la integridad, transparencia, y el cumplimiento de las acciones constitucionales y mediante acciones coordinadas que afectaron gravemente la legitimidad del proceso electoral”, comenzó diciendo.
Acusación de injerencia de Estados Unidos
El segundo punto del comunicado, leído por Redondo, condena la “injerencia directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump”. El titular del CN reprochó los pronunciamientos públicos donde Trump indicaba a los hondureños votar por el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, 72 horas antes de las elecciones.
“Amenazó y coaccionó a los ciudadanos hondureños, alterando el libre ejercicio del sufragio”, expresó Redondo.
Según el titular del Congreso, las publicaciones del mandatario del 26 y 28 de noviembre representan una “amenaza directa” al pueblo hondureño, al condicionar la cooperación económica y vincular discursos políticos con el caso de un “narcotraficante condenado”.
“Estas declaraciones constituyen una violación flagrante de los principios democráticos, del derecho internacional, para influir en el voto mediante presiones, desinformación y condicionamientos económicos”, afirmó Redondo.
Redondo afirmó que se trata de un acto de coacción contra la soberanía de un país. Además, indicó que va en contra del derecho internacional y la determinación de los pueblos, citando además que la Carta de la OEA prohíbe la intervención de un Estado en los asuntos internos de otro.
Te puede interesar: Comisión Permanente concluye primera sesión: harán informe legal sobre las autoconvocatorias
No validará el proceso
El tercer punto de la Comisión Permanente señala que el Congreso Nacional no validará el proceso electoral que aún está en desarrollo.
“El Congreso Nacional no validará un proceso manchado por presión internas de estructura del crimen organizado, vinculadas al narcotráfico, como las maras MS 13, 18, entre otras. Y mucho menos bajo las presiones externas y por vulneración directa de la libertad de los electores”, manifestó Redondo.
La Comisión Permanente reiteró la denuncia de fallas graves en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), asegurando que este no funcionó conforme a los estándares establecidos.
Redondo afirmó que estas fallas coinciden con audios que forman parte de una investigación en curso en el Ministerio Público.
“Afirmamos que un pueblo sometido a amenazas no vota con libertad, por lo que las elecciones realizadas tales condiciones carecen de plena validez democrática y jurídica”, apuntó.
Seguidamente, solicitó a las misiones observadores nacionales e internacionales que incluyan en sus informes un análisis de los hechos corridos.
Eliminación
Otro de los puntos expuestos por Redondo fue que en el pleno del Consejo Nacional Electoral hubo una eliminación del sistema biométrico y su validación.
“Constituye una alteración directa de las reglas del proceso, afectando su legalidad y transparencia”, indicó.
Agregó que “las consejeras Ana Paola Hall García y Cossette López Osorio, por mayoría de votos (en la Certificación 2826-2025 del CNE), aprobaron reformar la obligatoriedad y los efectos de las reglas de validación del uso y verificación biométrica. Eliminaron la obligatoriedad que ordena el artículo 263 de la Ley Electoral, socavando o destruyendo con ello su propósito. Volviendo referencial, optativa, inútil, desconociendo o desnaturalizando la validación obligatoria que establece la Ley Electoral para el uso obligatorio del dispositivo electrónico o biométrico”.
Redondo explicó que con la acción “contaminaron las actas” y con ello el TREP, calificando la acción de fraude. Permitieron “que los partidos políticos puedan manipular e inflar las actas y votos. Razón por la que el proceso perdió toda credibilidad. Tornándose nulo de pleno derecho y fraudulento”, expuso.
Finalizó señalando que la acción es un delito electoral y de usurpación o suplantación del Congreso Nacional.
Lee también: Luis Redondo convoca a sesión a la Comisión Permanente este miércoles
