Redacción. El exconsejero presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, se pronunció en contra de la solicitud presentada por el partido Libertad y Refundación (Libre) para anular las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
Aguirre afirmó que el planteamiento de nulidad carece de sustento legal, y advirtió que debería ser rechazada de inmediato por el CNE.
También, explicó que la Ley Electoral de Honduras establece que cualquier solicitud de nulidad debe basarse en causales legales claras, algo que, según él, no cumple el recurso de Libre.
El exconsejero recordó que los artículos 298 y 300 de la Ley Electoral son tajantes en cuanto a que el CNE está obligado a declarar inadmisible cualquier solicitud que no esté debidamente fundamentada. De hecho, el artículo 300, señaló Aguirre, «es claro al decir que no cabe ningún recurso».
«El recurso presentado por Libre no tiene fundamento legal, ni político, ni moral», aseveró el exconsejero. Además, añadió que la solicitud del partido opositor obedece más a motivaciones políticas que a razones jurídicas.
Según Aguirre, los llamados públicos de Libre a desconocer los resultados y cuestionar la legitimidad de las instituciones electorales ponen en peligro el orden democrático de Honduras.
De igual interés: «Libre quedará como un partido que no respeta la voluntad popular»: exvicecanciller
Ilegalidad
Aguirre también advirtió que tales actitudes podrían estar configurando delitos previstos en la legislación hondureña, que prohíbe acciones que atenten contra el sistema democrático establecido en la Constitución.
En este sentido, destacó que el artículo 48 de la Carta Magna establece la protección del sistema republicano y democrático del país. También manifiesta que cualquier intento de alterarlo es ilegal.
La controversia surgió después de que el partido Libre presentara el sábado 6 de diciembre una acción de nulidad administrativa ante el CNE, solicitando la repetición de las elecciones presidenciales a nivel nacional.
En su recurso, el partido pidió que se admitiera la solicitud, se convocara una audiencia en un plazo de tres días para evacuar pruebas y se declarara la nulidad de los escrutinios presidenciales en todas las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Además, solicitó que la elección presidencial se repitiera en cada junta electoral en un plazo de diez días, permitiendo la subsanación de cualquier defecto procesal.
El llamado de Libre, según Aguirre, tiene un trasfondo netamente político y no está respaldado por pruebas o argumentos legales sólidos.
En su intervención, instó a la institucionalidad del país a actuar con firmeza. Además, subrayó la importancia de proteger la estabilidad del proceso electoral. Reiteró que la petición de nulidad «no tiene cabida en el marco de la ley».
La solicitud presentada por Libre ha generado un debate intenso en el ámbito político del país.
Según el exconsejero Aguirre, lo que está en juego es la legalidad del proceso electoral, así como la preservación del orden democrático. Para él, este debe prevalecer por encima de cualquier interés partidario.
