Redacción. La Fiscalía Especial Contra los Delitos Comunes (FEDCOM), a través de su Unidad de Casos de Alto Impacto, ejecutó este viernes cuatro allanamientos de morada en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), tres de ellos en Tegucigalpa y uno en El Progreso, Yoro, como parte de una investigación por presuntas irregularidades dentro de asociaciones de reservistas de las Fuerzas Armadas.
El operativo se desarrolló con el objetivo de recolectar información financiera, administrativa y documental vinculada a la supuesta comisión de delitos como administración fraudulenta, corrupción en los negocios entre particulares y uso indebido de uniformes, insignias o equipo militar. Los afectados, según el Ministerio Público, son exintegrantes de las Fuerzas Armadas aglutinados en cuatro organizaciones.
Las asociaciones investigadas son:
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Asociación de Reservistas de las Fuerzas Armadas de Honduras (ARFFAA)
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Asociación de Reservistas Patriotas de Honduras (ARPAH)
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Asociación de Patriotas Hondureños (APAH)
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Asociación de Reservistas del Ejército, Navales y Aéreos de Honduras (ARENAH), esta última con sede en El Progreso
Sorto denuncia motivación política y responsabiliza a un coronel activo
Una de las asociaciones allanadas fue la ARFFAA, ubicada en el barrio La Hoya de la capital. Desde el interior del inmueble, el presidente del organismo, José Antonio Sorto, afirmó que desconoce el fundamento legal de la acción, pero asegura que no existen fondos gubernamentales involucrados, sino aportes voluntarios de los propios reservistas.
«La asociación no recibe ningún centavo del gobierno, son aportaciones nuestras y esto es meramente político», sostuvo. Aseguró que quien interpuso la denuncia fue el coronel Otoniel Castillo, jefe del Comando de Reservas, con quien mantiene un conflicto desde que fundó el Partido Orden, posteriormente aliado con el Partido Liberal.
Investigación se amplía y podría generar nuevas acciones
De acuerdo con el Ministerio Público, esta operación forma parte de las diligencias que buscan fortalecer el expediente investigativo, sin descartar acciones adicionales.
Los allanamientos se ejecutan con apoyo de agentes de la Dirección de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional. Mientras tanto, los documentos incautados se analizan para determinar posibles responsabilidades penales.
El caso ha generado un fuerte choque interno entre mandos activos y retirados de las Fuerzas Armadas, y abre una investigación formal sobre el manejo de recursos, irregularidades administrativas y presunto beneficio económico indebido dentro de estructuras que reúnen a miles de reservistas en el país.
