Redacción. La coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, advirtió que la violencia contra las mujeres no solo no ha disminuido con el estado de excepción, sino que presenta un preocupante recrudecimiento.
Según afirmó, los 910 asesinatos registrados desde diciembre de 2022, fecha de inicio de la medida, confirman esa tendencia alarmante.
Ayestas señaló que los 16 días de activismo por la eliminación de la violencia contra la mujer dejan al descubierto un escenario adverso. “Esta violencia está recrudeciendo porque no hay investigación científica criminal que sustente que un crimen es un feminicidio y que a la víctima mujer la asesinaron por relaciones desiguales de poder donde los hombres son los que están cometiendo estos hechos”, explicó.
Cuestionan la efectividad del estado de excepción
La investigadora insistió en que la suspensión de la medida es fundamental para que las personas puedan ejercer libremente el sufragio este domingo. Su postura coincide con la del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). La comisión calcula que, desde la entrada en vigencia del estado de excepción en 2022, una mujer muere de manera violenta cada 29 horas.
Aurora Rueda, coordinadora de la Defensoría de la Mujer del Conadeh, lamentó que tres años bajo esta medida no hayan reducido los homicidios de mujeres. En cambio, dijo, la impunidad persiste en la mayoría de los casos y sigue alimentando un ciclo de violencia sin consecuencias para los agresores.
Rueda recordó además que el Conadeh elaboró un informe con enfoque de género donde se documentan agresiones sexuales cometidas durante operativos de seguridad. Según el reporte, hubo allanamientos en los que la figura masculina fue detenida, pero mujeres presentes en la vivienda fueron abusadas sexualmente por agentes policiales y, además, se registró la sustracción de pertenencias.
El organismo cuestiona que el estado de excepción se haya desnaturalizado, sin atacar temas estructurales como el crimen organizado, mientras profundiza su impacto negativo en las mujeres. A esto se suma que las restricciones de movilidad dificultan que muchas víctimas busquen apoyo o soliciten asistencia legal en casos de violencia doméstica.
