Honduras. El caso del asesinato de la pequeña Kimberly Sabillón Barahona, de apenas seis años, ocurrido en la comunidad de El Paraíso, en Petoa, Santa Bárbara, ha tomado un rumbo distinto luego de que autoridades confirmaran que toda la documentación relacionada con el crimen fue remitida al Ministerio Público en Tegucigalpa. La decisión, según fuentes cercanas al proceso, busca “blindar” la investigación y mantener un control centralizado sobre las declaraciones, evidencias y líneas de investigación.
La menor desapareció después de dirigirse a una pulpería cercana a su vivienda. Horas más tarde, la encontraron sin vida en una cuneta de la zona, generando consternación regional y una ola de indignación en redes sociales. Tras el hallazgo, la Policía Nacional detuvo a un sospechoso. Lo identificaron como un exmilitar conocido en el sector, a quien consideral el último en estar cerca del lugar donde localizaron a la niña. Aunque las autoridades no han revelado mayores detalles del detenido, sí confirmaron que se están realizando pruebas biológicas y peritajes forenses para determinar su posible responsabilidad.
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La decisión de trasladar el expediente a la capital estaría motivada, según fuentes no oficiales, por dos factores principales:
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Asegurar confidencialidad y evitar filtraciones que pudieran entorpecer el proceso o poner en riesgo la integridad de las pruebas
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Fortalecer el manejo técnico del caso desde las unidades especializadas del Ministerio Público, que cuentan con laboratorios, equipos y personal forense con mayor capacidad operativa.
Esto significa que todas las declaraciones, dictámenes de Medicina Forense, peritajes de la DPI y avances de investigación se revisarán únicamente por fiscales de Tegucigalpa, limitando el acceso incluso a unidades regionales.
