Redacción. A pocos días de las elecciones generales del 30 de noviembre, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, advirtió que la reciente ampliación del estado de excepción no puede utilizarse para restringir libertades constitucionales y llamó a la ciudadanía a exigir el respeto a sus derechos fundamentales.
En un mensaje difundido en X, el titular del CAH instó a la población a no normalizar la medida y a recurrir a los mecanismos legales disponibles. “Hagamos que se respeten nuestros derechos constitucionales. El estado de excepción no puede convertirse en una excusa para limitar las libertades de todos los hondureños”, expresó.
Solórzano recordó que la Constitución ofrece herramientas para enfrentar abusos, destacando la acción de amparo como vía legal directa ante cualquier vulneración durante este periodo.
Afirmó que los ciudadanos pueden presentar este recurso en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, ubicada en la Corte Suprema de Justicia. “La Constitución nos da una herramienta poderosa: la Acción de Amparo. Si consideras que tus derechos han sido vulnerados, preséntala. El pueblo tiene derecho a exigir que se suspenda el estado de excepción cuando éste afecta injustamente sus derechos”, señaló.
También exhortó a actuar de inmediato para defender “la democracia, la libertad y la dignidad de todos los hondureños”.
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Estado de excepción
La ampliación del decreto, publicada en La Gaceta, entró en vigor el miércoles 12 de noviembre a las 6:00 p. m. y se extenderá hasta el 26 de diciembre. Por primera vez, Honduras celebrará unas elecciones generales bajo esta medida excepcional.
El Gobierno aprobó la extensión pese al rechazo de distintos sectores y sin la ratificación del Congreso Nacional, un punto que ha generado preocupación entre organizaciones sociales y expertos en derecho constitucional.
El estado de excepción fue implementado por el Poder Ejecutivo el 6 de diciembre de 2022, como respuesta a múltiples denuncias de extorsión. Desde entonces, ha sido prorrogado en 26 ocasiones, consolidándose como una de las medidas de seguridad más prolongadas en la historia reciente del país.
La decisión de mantenerlo vigente durante el proceso electoral abre un debate sobre su impacto en la libre movilización, la vigilancia policial y militar en las calles, y el clima democrático de cara a los comicios.
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