Redacción. La controversia por los audios atribuidos a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, escaló este lunes, luego de que los peritos extranjeros contratados para analizarlos admitieran públicamente que su trabajo fue financiado directamente por el partido Libertad y Refundación (Libre).
La confirmación encendió críticas inmediatas en distintos sectores políticos, que cuestionaron la validez, el origen y la cadena de custodia de las grabaciones.
El diputado nacionalista Antonio César Rivera fue uno de los primeros en reaccionar. A través de su cuenta de X, acusó al partido de gobierno de apropiarse de funciones que corresponden exclusivamente al Ministerio Público.
“El partido de gobierno usurpó funciones del MP. La ‘prueba’ ya nació contaminada, inválida, manipulada y sin cadena de custodia”, escribió Rivera, señalando que cada nuevo detalle del caso “solo evidencia desesperación”.
En su publicación añadió: “Cada día la embarran más, cada día se delatan más. ¡Vale más que ya se van!”.
Reto
A las críticas se sumó el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, quien también cuestionó la legitimidad de la pericia. Según él, Libre evitó someter los audios a un análisis internacional independiente.
“Con razón, Mel y su mandadero Marlon no quisieron aceptar mi reto de ir a EE. UU., a pedir peritaje al ‘Audio Evidence Lab’, certificado por el FBI y la DEA”, señaló.
Zambrano afirmó que el gobierno, en cambio, recurrió a peritos pagados por Libre, lo que, según dijo, confirma que fabricaron los audios.
“El pueblo hondureño no les cree nada y está listo para sacarlos del poder en 10 días”, añadió en su mensaje.
Desde el Partido Liberal, el candidato a diputado Rashid Mejía también cuestionó la credibilidad del informe técnico, asegurando que su origen deja en evidencia una supuesta estrategia política del oficialismo.
“El investigador que dice que los audios son ‘reales’ fue contratado y pagado por Libre. Se destapó la verdad. Todo es parte de un plan de Mel y Rixi para desestabilizar las elecciones”, escribió Mejía, quien acusó al partido oficialista de “fabricar” las grabaciones.
Aceptación
Las reacciones surgieron después de que los peritos colombianos presentaran los resultados de su análisis en una conferencia de prensa.
Durante la exposición, Jeison Villamil, representante de la empresa investigadora, defendió la autenticidad de las grabaciones, asegurando que las voces corresponden a personas reales.
“Validamos la veracidad; son instrumentos que arrojan la realidad y en un punto óptimo de 100 por ciento”, afirmó.
Sin embargo, al ser consultado sobre quién pagó el estudio, Villamil reconoció:
“A nosotros nos contrató el Partido Libertad y Refundación”.
La admisión desató un nuevo oleaje de críticas sobre la independencia del peritaje, la cadena de custodia de los audios y la validez de utilizarlos como prueba en un contexto político altamente polarizado.
