Tegucigalpa, Honduras.- Las bancadas de oposición del Congreso Nacional celebraron este 18 de noviembre una sesión extraordinaria en la que, con la presencia de 71 diputados propietarios y suplentes, desaprobaron el estado de excepción vigente en el país.
La sesión, convocada para las 2:00 de la tarde, inició alrededor de las 4:00 de la tarde y tuvo lugar en un hotel de Tegucigalpa. La jornada comenzó con una invocación a Dios dirigida por la diputada Claudia Ramírez, seguida por la entonación del Himno Nacional.
Posteriormente, se nombró una junta directiva provisional presidida por la diputada Fátima Mena, quien condujo el desarrollo de los puntos establecidos en la agenda.
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Informe
Uno de los primeros puntos abordados fue la presentación del informe elaborado por la comisión especial nombrada en la sesión extraordinaria anterior.
La nombrada secretaria para la sesión extraordinaria, Merary Díaz, fue la encargada de leer el documento ante el pleno.
La comisión estaba integrada por los diputados Iroska Elvir, Maribel Espinoza, Fátima Mena, Merary Díaz, Suyapa Figueroa, Johana Bermúdez, David Manaiza, Claudia Ramírez y Francis Argeñal.
El informe detalló que dicha comisión presentó una acción ante el Ministerio Público contra el presidente del Congreso Nacional por presuntas actuaciones contrarias a derecho y de “apariencia delictuosa”.
También enviaron oficios al fiscal general, Johel Zelaya, y fiscales especiales para notificar resoluciones del pleno, así como una comunicación a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en cumplimiento de lo mandatado por los diputados.
La comisión informó que también notificó la situación al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Asimismo, enviaron comunicaciones a la Unión Europea, a eurodiputados aliados, al presidente del Consejo Europeo, a la misión de observación electoral y a la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Coppal).
En el caso de Estados Unidos, se remitieron documentos al Departamento de Estado, a la congresista María Elvira Salazar y al Consejo de Seguridad. También se revisó la publicación en el diario oficial La Gaceta del PCM 37-2025, que decreta la suspensión de garantías constitucionales.
Además, la comisión informó haber recibido un comunicado de la organización Defensores de Honduras solicitando la cancelación inmediata del estado de excepción, así como una opinión jurídica de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) sobre la vigencia y legalidad de la medida. Tras su lectura, el informe fue aprobado por unanimidad por los diputados presentes.
Estado de excepción
La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, presentó la moción para desaprobar los estados de excepción decretados durante el año 2025, señalando que el Congreso no había realizado ratificación ni discusión alguna de los aproximadamente 18 decretos emitidos por el Poder Ejecutivo.
Los diputados dispensaron dos debates y discutieron el dictamen en un tercer y último debate.
Durante su exposición, Espinoza afirmó que “cuando los gobernantes no respetan la ley, se genera un círculo vicioso de injusticia, inestabilidad y pérdida de derechos, lo que en efecto no deja futuro para el país”.
Agregó que, desde su perspectiva, “este gobierno no respeta la ley” y que si el Congreso no actuaba, se convertirían “en cómplices”.
Tras la discusión, los 71 diputados presentes votaron alzando la mano y aprobaron por unanimidad la anulación del estado de excepción vigente hasta el 26 de diciembre de este año.
Fuerzas de Seguridad deben cumplir
Luego de la aprobación del dictamen, Maribel Espinoza declaró en entrevista que la decisión busca garantizar “elecciones en paz, en libertad, sin temor a represión de parte de este gobierno”.
Añadió estar “feliz” por la determinación y pidió a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Nacional que cumplan la resolución del pleno.
Espinoza advirtió que las instituciones de seguridad “están en el deber de cumplir” y que espera que no desafíen la resolución, pues “si lo hacen, los vamos a perseguir legalmente”.
Aseguró que la población está “harta de tanto abuso de poder” y que el gobierno ha mantenido al país en estado de excepción sin ratificación del Congreso, lo que calificó de “inaceptable”.
La diputada anunció que harán el intento de publicar la resolución en La Gaceta y adelantó que presentarán una acción contra el director de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) “por no atender una orden del Congreso”.
Afirmó que si la orden no se cumple, “va a haber problemas”, y que, a su juicio, “el mundo ya sabe” que el estado de excepción buscaba “implantar un régimen de dictadura”.
Congreso no está en partidos de fútbol
Luego de que se aprobara el dictamen, la congresista Ligia Ramos manifestó que «aquí habemos 71 diputados. Este es el Congreso total, no los que están en los partidos de fútbol, los que están haciendo campañas políticas. Aquí estamos cumpliendo con nuestro deber”.
Sostuvo: “Vamos a cumplir tres años en estado de excepción, donde se han suspendido garantías constitucionales a nuestros ciudadanos».
Delito
El jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, también exhortó a las instituciones de seguridad a cumplir la decisión del pleno.
“Yo le quiero recomendar a las autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la PMOP que acaten la resolución del Congreso de más de 70 diputados, que somos la mayoría y somos la máxima autoridad”, manifestó.
Umaña advirtió que si la resolución no se acata, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa podrían incurrir en un delito “que no prescribe”. Además, desobedecer podría generar “responsabilidad penal y criminal” en el futuro.
El diputado también señaló que insistirán en la publicación del documento en La Gaceta. Ese sentido, indicó que si el director de la ENAG no accede, se le “deducirá responsabilidad”.
Estado de derecho
La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, manifestó que la Policía Nacional “violentaría el Estado de derecho” si decidiera alinearse con las directrices del partido gobernante y no con la resolución del Congreso.
Aseguró que existe riesgo de que algunos mandos se unan “a las filas de Libre y de los colectivos”. No obstante, hizo un llamado a los “verdaderos uniformados” para que velen por la seguridad ciudadana.
Mejía también sostuvo que la ENAG “está secuestrada” y que exigirán al Ministerio Público las investigaciones correspondientes. Señaló que lo que buscan es que la resolución se publique en los medios establecidos por ley.
No ocupa firma
El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, aclaró que la anulación del estado de excepción no requiere más procedimientos adicionales para entrar en vigencia.
“Una resolución adicional, para hacer el llamado a los cuerpos de seguridad que ya no pueden aplicar el estado de excepción”, explicó.
Zambrano afirmó que “solo con el hecho legal de que el Congreso se reunió e improbó el estado de excepción, no ocupa más procedimiento. No ocupa firma de Redondo, ni de los secretarios, ni la sanción del Poder Ejecutivo. A partir de hoy, tiene efectos legales”.
