Redacción. El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández, calificó la vigencia del estado de excepción como una «situación grave» que complica aún más el ya «accidentado proceso electoral en Honduras».
Hernández advirtió que esta medida, aunque las autoridades la argumentan como parcial, carece de sustento constitucional, lo que la convierte en una herramienta para obstaculizar los comicios.
«Amparados en el estado de excepción pueden hacer cualquier cosa que impida el desarrollo normal y la movilidad del pueblo hondureño al proceso electoral», expresó.
Lea también – UNAH advierte: estado de excepción genera «tensión constitucional de máxima relevancia»
El representante de ASJ detalló que las garantías fundamentales que están en riesgo son: el desplazamiento de los observadores electorales, la vulneración del derecho a la libertad de expresión, el ataque a la prensa para impedir su trabajo normal, y el tema de comunicación.
El director recordó que esta preocupación es compartida por la comunidad internacional, incluyendo a las relatoras especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Cuestionamiento
Hernández cuestionó directamente el argumento de las autoridades sobre la supuesta limitación de la medida. Seguidamente, afirmó que no existe la figura de estado de excepción parcial en la Constitución de la República.
Hernández consideró que las Fuerzas Armadas han asumido un liderazgo con una posición política partidista y que la Policía Nacional también mantiene un liderazgo de ese tipo, con opiniones claramente definidas. Agregó que el país se dirige a un proceso electoral en el que, según dijo, se ha intentado por varios medios desprestigiar y obstaculizar el desarrollo del mismo.
Le puede interesar – Honduras irá a elecciones bajo estado de excepción, confirma ministro de Seguridad
Ante el panorama, el director de la ASJ hizo un llamado urgente al Congreso Nacional para que ejerza su rol de contrapeso y se pronuncie sobre esta situación. Hernández solicitó al Poder Legislativo tomar medidas para tratar de salvar y proteger el sistema electoral.
