Redacción. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó su preocupación por la prolongación del estado de excepción en Honduras, que estará vigente durante las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 y con posibilidad de continuar posteriormente.
“Nos preocupa que esta medida se mantenga más allá de lo estrictamente necesario, afectando garantías constitucionales y derechos humanos fundamentales”, señaló el ente a través de un comunicado.
Desde su implementación, la medida fue anunciada como temporal, pero actualmente lleva más de 1,072 días de restricción a derechos. Durante este tiempo, la institución ha recibido más de 1,000 quejas, que incluyen posibles desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
El Conadeh recordó que tanto el Sistema Universal como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han advertido sobre los efectos contraproducentes de mantener medidas extraordinarias sin revisión estricta.
«Baja en homicidios no justifica prórroga»
Según el organismo, la reducción de homicidios no es un indicador suficiente para justificar la continuidad del estado de excepción, pues otros delitos vinculados al crimen organizado —como extorsión, tráfico de drogas, secuestro y reclutamiento de menores— no se controlan únicamente con detenciones policiales.
La Defensoría también criticó la falta de acción de la Corte Suprema de Justicia. “No se han registrado resoluciones sustanciales que evalúen si las sucesivas prórrogas cumplen con la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Honduras”, afirma el escrito.
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Además, el Conadeh cuestionó que los últimos decretos ejecutivos se publicaron sin pasar por el Congreso Nacional, lo que constituye una infracción al artículo 187 de la Constitución. Según el artículo 321, “todo acto ejecutado fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”.
Ante esta situación, el Conadeh recomendó:
- Al Poder Ejecutivo, abstenerse de continuar prorrogando la suspensión de garantías sin justificar la proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la medida.
- A la Secretaría de Seguridad, implementar medidas sostenibles con enfoque de derechos humanos y género para abordar problemas estructurales de violencia.
- A la Corte Suprema de Justicia, ejercer el control de constitucionalidad y revisar la legalidad de los decretos que prorrogan el estado de excepción.
El ente concluyó que “la protección de los derechos humanos debe ser prioritaria durante y después del proceso electoral. Hacemos un llamado a las autoridades a actuar conforme a la ley y los estándares internacionales”.
