Redacción. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) instó a las autoridades hondureñas a abstenerse de prolongar nuevamente el estado de excepción, al considerar que la medida se ha desnaturalizado y no ha logrado los resultados esperados en la lucha contra el crimen organizado, además de afectar en la democracia.
Luis Martínez, oficial jurídico del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, explicó que la institución ha reiterado en diferentes instancias que el estado de excepción “no es la medida adecuada para atender las causas estructurales del crimen organizado”.
En ese sentido, exhortó al Gobierno a adoptar una política pública de seguridad nacional con enfoque en derechos humanos. La institución pidió priorizar la prevención y la institucionalidad democrática.
«Resultados no congruentes»
Martínez condenó que la naturaleza temporal del estado de excepción se ha vulnerado, ya que se ha extendido por casi tres años consecutivos mediante 23 decretos PCM, desde su implementación en diciembre de 2022.
“Esta prolongación ha desvirtuado la esencia de la medida, que debía ser excepcional, y los resultados no son congruentes con las graves afectaciones a los derechos humanos que ha provocado”, declaró.
El Conadeh ha identificado alrededor de 1,600 quejas durante el tiempo que ha estado vigente la medida. La gran mayoría están relacionadas con vulneraciones a derechos fundamentales, entre ellos la libertad personal, el derecho a la privacidad y la inviolabilidad del domicilio.
Martínez afirmó que, a la luz de estos datos, el estado de excepción “no ha sido idóneo ni efectivo. Tampoco ha brindado los frutos que esperaba la población ni el Estado”.
Piden elecciones normales
El funcionario advirtió que, en el actual contexto político, la continuidad del estado de excepción podría afectar el ejercicio de derechos ciudadanos.
“Es muy importante que las autoridades públicas se abstengan de seguir prolongando el estado, considerando la relevancia que tiene la democracia y la necesidad de garantizar un proceso electoral normal, sin limitaciones de derechos”, expresó.
En agosto pasado, la comisionada nacional de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, también denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el estado de excepción se ha desnaturalizado y ha perdido su excepcionalidad.
Izaguirre solicitó formalmente que se recomiende al Estado de Honduras cesar esta figura. Señaló, además, que “no cumple con las legalidades y tampoco ha traído los resultados esperados”.
Durante la evaluación del Examen Periódico Universal (EPU) del 7 de noviembre más de 90 Estados cuestionaron a Honduras por la prolongación de la medida. También, criticaron la presión sobre las autoridades electorales y los riesgos que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos.
El último decreto vigente mantiene suspendidas las garantías constitucionales en 226 municipios de los 18 departamentos del país hasta el 12 de noviembre de 2025.
