Redacción. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) calificó como “una acción sin precedentes” el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP) contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, acusados del delito de prevaricato judicial.
Hugo Maldonado, presidente de CODEH, expresó su preocupación en X (antes Twitter):
«No le pidamos peras al nopal, cada Gobierno tiene su línea y nadie debe salirse de él, miren el requerimiento fiscal con los magistrados del TJE, una acción sin precedentes, debilitar la democracia y el Estado de derecho, se ve como la impunidad alrededor de ellos».
El requerimiento fiscal, emitido el 10 de noviembre por la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales del MP, señala que los magistrados habrían emitido resoluciones contrarias a la ley al ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados.
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Requerimiento
Esta acción se da después de que el MP promoviera, a inicios de noviembre, un antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia contra los magistrados. Este se declaró inadmisible por unanimidad. La Fiscalía argumentó que las resoluciones se habrían emitido sin la participación del tercer miembro del pleno del TJE. Según, el MP, en presunta violación de la normativa electoral.
El caso se desarrolla en un momento crítico para Honduras, ya que las elecciones generales están programadas para el 30 de noviembre de 2025. Esto aumenta la sensibilidad política sobre la independencia del Tribunal de Justicia Electoral y la confianza en el proceso electoral.
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El Poder Judicial informó ayer martes que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, será la encargada de conocer el expediente judicial relacionado con la acusación presentada contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), acusados del delito de prevaricato judicial.
De acuerdo con un comunicado oficial emitido, esta asignación se realiza en estricto cumplimiento de los principios de transparencia, legalidad y objetividad, así como de las disposiciones administrativas establecidas por el pleno de la Corte.
Además, el Poder Judicial recordó que, desde el año 2023, mediante el Acta No. 03-2023, se determinó que los procesos penales contra altos funcionarios y diputados que ingresen a la CSJ se asignarán según el orden de precedencia de los magistrados que la integran.
Dicha normativa fue ratificada en el Acta No. 10-2024. El propósito es garantizar mayor agilidad, orden y claridad en el manejo de causas de alto perfil.
