Redacción. Honduras se enfrentó a una crítica internacional contundente durante su cuarto Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
Más de 90 países expresaron profundas preocupaciones sobre tres escenarios del país: la prolongación del estado de excepción, la independencia de los órganos electorales y la falta de protección para la prensa y los defensores de los derechos humanos.
La delegación hondureña, encabezada por el ministro de Derechos Humanos, Longino Becerra, calificó la sesión como el «primer examen bajo un gobierno legítimo».
Este comentario fue interpretado como una descalificación implícita de las administraciones anteriores, lo que generó incomodidad en varias delegaciones internacionales.
Desde diciembre de 2022, Honduras mantiene un régimen de excepción, que, según varios países europeos y de Asia, incluyendo Francia, Alemania, Noruega, Suiza, Reino Unido, Bélgica, Austria y Corea del Sur, vulnera principios fundamentales del derecho internacional.
Estos Estados hicieron hincapié en que las medidas excepcionales deben ser temporales, proporcionales y fiscalizadas por el poder judicial. Advirtieron que su uso prolongado no solo restringe las libertades significativas, sino que también podría comprometer la equidad en las elecciones generales.

De igual interés: Trump acusa a la ONU de un «triple sabotaje» tras discurso en Asamblea General
Cuestionamientos
Un segundo punto crítico fue la independencia de los órganos electorales, en particular del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Países como España, Canadá, Brasil, Australia y Reino Unido subrayaron la necesidad de que estos órganos operen libres de presiones políticas.
Asimismo, Alemania y Austria recordaron que la Constitución hondureña prohíbe la participación de las Fuerzas Armadas en procesos electorales. Hicieron alusión a denuncias de intervenciones indebidas por parte de la institución castrense.
El tercer tema destacado fue la situación de la libertad de prensa en el país. Noruega, Suiza, Países Bajos, Canadá y Francia pidieron al gobierno hondureño reforzar el Mecanismo Nacional de Protección para periodistas, dotándolo de la autonomía y los recursos necesarios.
Por su parte, Lituania e Islas Marshall expresaron preocupación por los altos niveles de violencia contra los comunicadores. Mientras tanto, Reino Unido, Australia y Eslovenia instaron a poner fin a la criminalización de las voces críticas y a garantizar investigaciones exhaustivas ante amenazas y ataques contra periodistas.
El mensaje de la comunidad internacional fue claro y contundente: la legitimidad democrática de Honduras no solo depende de la realización de elecciones libres, sino también del respeto incondicional a las libertades fundamentales.
Además, se enfatizó la importancia de la separación de poderes y la protección efectiva de los defensores de los derechos humanos.
La crítica internacional subraya la necesidad urgente de avanzar en la consolidación de un sistema democrático pleno.
Este sistema debe garantizar no solo la celebración de comicios, sino también la plena vigencia de los derechos y libertades esenciales para todos los ciudadanos.

