Redacción. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) de Honduras enfrenta una seria amenaza a su operatividad de cara a 2026, luego de que el proyecto de presupuesto contemplara un drástico recorte de 29 millones de lempiras.
La titular de la institución, Blanca Izaguirre, advirtió que la medida podría paralizar la defensa de los ciudadanos frente a los abusos estatales.
«No sólo no nos incrementaron: nos quitaron 29 millones. Eso nos deja como una institución debilitada», declaró Izaguirre, quien expresó su profunda preocupación y señaló que la reducción presupuestaria podría hacer imposible el pago completo de los salarios del personal permanente a partir de agosto o septiembre del próximo año.
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La tijera presupuestaria no únicamente impacta la nómina; también afecta los aportes vitales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones (Injupemp), exacerbando la inestabilidad laboral en un organismo cuya misión es garantizar los derechos fundamentales del pueblo hondureño.
Izaguirre enfatizó que la gravedad del recorte trasciende las fronteras nacionales, pues el Conadeh representa actualmente a la región de las Américas ante el Subcomité de Acreditación de la GANHRI (el ente global que califica a las instituciones de derechos humanos).
Un requisito fundamental para mantener la crucial Categoría A es, precisamente, contar con un presupuesto «adecuado y suficiente».
Caso omiso
La comisionada lamentó el «caso omiso» por parte de las autoridades y aprovechó para lanzar un llamado directo a los candidatos presidenciales, instándolos a comprometerse públicamente con el fortalecimiento del Conadeh como un pilar indispensable dentro del sistema democrático de pesos y contrapesos.
«Este no es un organismo de lujo. Es una garantía para la ciudadanía de que sus derechos no serán violados. Pero con una institución desfinanciada, el trabajo se vuelve imposible», concluyó Izaguirre.
El organismo lucha por evitar una desaparición silenciosa, víctima del olvido deliberado.
