Redacción. El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Germán Lobo, opinó este sábado sobre las acciones del Ministerio Público (MP) contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
El ente acusador del Estado anunció que procederá con requerimientos fiscales contra los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona por el supuesto delito de prevaricato judicial.
La acción del MP se da luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de una Sala Ad-Hoc, que declaró inadmisible la petición de antejuicio contra los funcionarios.
En ese sentido, Lobo explicó que el MP no puede proceder contra los magistrados y que, en caso de hacerlo, sería una violación a la ley.
“Yo creo que hay que mandarlos a estudiar un poquito, porque los magistrados del TJE fueron electos por el Congreso Nacional. Son altos funcionarios y, por lo tanto, tienen que someterse primero a otro espacio jurídico”, expuso.
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Para que el MP pueda plantearles un requerimiento fiscal, primero debe ir al Congreso. El procedimiento está basado en el artículo 205 de la Constitución, que establece las funciones del Poder Legislativo. Una vez en el Congreso, se debe conocer la causa y determinar un juicio político.
“Tienen que separarlos del cargo primero y después sí puede el MP presentar un requerimiento fiscal. De lo contrario, van a volver a batear”, aseguró Lobo.
Finalmente, el exconsejero hizo un llamado a la población a salir masivamente a votar pese a todos los incidentes alrededor del proceso.
¿De qué los acusa el MP?
El Ministerio Público acusa a los magistrados Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez del delito de prevaricato judicial.
El ente alega que los funcionarios emitieron resoluciones ilegales al actuar sin la participación del tercer magistrado del TJE, Mario Morazán, lo que anula la validez de las decisiones tomadas.
Según el MP:
- El 27 de octubre, los dos magistrados resolvieron una recusación sin seguir el procedimiento legal: no formaron una pieza separada, no notificaron al magistrado recusado ni convocaron a un suplente.
- El 28 de octubre, dictaron una sentencia definitiva ordenando al CNE inscribir a dos candidatos a diputados, a pesar de que el pleno del TJE no estaba legalmente conformado (faltaba un magistrado).
- Estas actuaciones, sostiene el MP, se hicieron “a sabiendas” de que contradecían la ley, lo que constituye prevaricato judicial (dictar resoluciones contrarias a derecho).
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