Tegucigalpa, Honduras.- A 23 días para las elecciones generales y a dos días para el simulacro, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no cuenta con la empresa que se hará cargo del transporte de las maletas electorales, lo que se suma a la incertidumbre que rodea el proceso electoral.
Hay que recordar que la empresa encargada del transporte del material electoral en las elecciones primarias del 9 de marzo fue duramente criticada y sus representantes enfrentan un proceso judicial, luego de los caóticos momentos que incluyeron la utilización de “rapiditos” para movilizar papeletas en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Ante ese escenario y sin haber acreditado el pago del servicio a la empresa de las primarias, el pasado 13 de octubre el CNE recibió la única oferta para el proceso “Servicio de Transporte Pesado para la Distribución y Retorno de las Maletas Electorales, Kits Tecnológicos y Otros Materiales Electorales Esenciales para las Elecciones Generales 2025”, correspondiente a la Compañía Aduanera y Naviera Unión Latin Cargo S.A.

De acuerdo con el cronograma electoral 2.0, el último actualizado por el CNE, el servicio del transporte tenía que ser adjudicado el 15 de octubre. De lo que no hubo señales ni pronunciamiento por parte del órgano electoral.
El pasado 1 de noviembre, el fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, presentó unos 24 audios de un supuesto plan de boicot de las elecciones entre la consejera Cossette López, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y un militar no identificado.
Retiro y adjudicación
En medio de la burbuja mediática del caso, en horas de la tarde del 3 de noviembre, previo a que los consejeros se reunieran para evaluar el informe de la comisión evaluadora, la empresa Latin Cargo envió un documento afirmando que se retiraban del proceso de licitación.
Argumentaron que había un retraso de 18 días para la adjudicación del mismo; una falta de respuesta a cinco notas remitidas al órgano electoral; y que el ingreso de los vehículos pesados al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) debió ser el 1 de noviembre, pero no se había realizado.
“Por estas razones, junto con otros factores, nos hemos visto obligados a tomar la decisión de retirarnos del proceso. Los plazos establecidos no se están cumpliendo. Tampoco contamos con las garantías necesarias, ni con los tiempos adecuados para ejecutar el proyecto de manera correcta, eficiente y segura”, reza el documento.
Esa misma noche se llevó a cabo la sesión de pleno agendada, suspendida a eso de las 7:00 de la noche y retomada pasadas las 9:00 de la misma noche, donde anunciaron la adjudicación del contrato de transporte a la empresa por un valor de 57,914,411.41 lempiras.

Un día más tarde, el 4 de noviembre, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, emitió un comunicado afirmando que “como pleno del CNE, nos encontramos en proceso de diálogo con la empresa adjudicada para proveer el servicio de transporte en las próximas elecciones generales”.

Rechazo a la adjudicación
En horas de la tarde del 5 de noviembre, la empresa Latin Cargo emitió un documento legal donde afirmaron que rechazaban la adjudicación realizada por el pleno de consejeros.
La empresa señaló que en la reunión del 4 de noviembre con los consejeros evaluaron la posibilidad de reconsiderar su retiro, pero no recibieron respuesta alguna.
Sumados a los argumentos del primer anuncio de su salida del proceso, Latin Cargo expuso que también hubo un retraso en la adjudicación. Aunque estaba prevista para el 15 de octubre, la adjudicación se notificó el 3 de noviembre, a altas horas de la noche.
Asimismo, expusieron que solicitaron un pago inicial no menor al 50% del valor total del contrato, conforme al artículo 91 de la Ley de Contratación del Estado, pero no obtuvieron confirmación.
En vista del caos de las primarias, indicaron que la falta de pago a la empresa que llevó el material electoral el 9 de marzo les generó preocupación sobre la viabilidad de cumplir los cronogramas logísticos de las elecciones generales. Finalizaron señalando que buscaban mantener su prestigio y credibilidad.
Motivos
El gerente comercial de la empresa Unión Latin Cargo S.A., Johan Phill Ávila, afirmó ante medios de comunicación locales que se retiraron del proceso debido a la falta de respuesta del CNE ante las distintas peticiones que hicieron.
Explicó que, además de las solicitudes también plantearon que, aparte del custodio electoral, observadores electorales acompañaran cada unidad durante todo el trayecto de traslado y regreso.
“Nosotros hemos manifestado varios puntos, con esos buscamos garantizar el éxito del proyecto de transporte. Esto de los puntos más es poder tener garantías, apoyo, veeduría de todas las instituciones, asociaciones, colegios profesionales que acuerpen conforme a la veeduría que tiene el CNE”, dijo.
Asimismo, Phill Ávila señaló que tomaron la decisión de retirarse tras que su equipo legal les dio la asesoría necesaria.
“Nosotros tenemos un equipo legal amplio, que nos ha asesorado en todos los aspectos para darle la garantía a la empresa para cubrir la honorabilidad y el legado de una empresa que tiene más de 30 años. No podemos prestarnos a estar en una incertidumbre, en un cambio constante de ambiente”, apuntó.

“Otro de los puntos es que no hay una empresa que pueda disponer con la capacidad de unidades en un solo proyecto. Dependemos de un montón de transportistas, ya sea empresas con cantidades de camiones grandes, otras que tienen 10”, explicó.
Phill Ávila finalizó afirmando que temen “la incertidumbre en la que se ha estado manejando” el proceso.
Expedita
Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), afirmó que el CNE todavía puede hacer la contratación expedita.
“Es un nuevo reto, es necesaria la contratación del transporte; les queda un procedimiento expedito. Es importante que pueda estar adjudicado antes del 20 de noviembre porque es la fecha de banderillazo donde se despachan distintos contenedores con las maletas electorales para que puedan ir a los 18 departamentos”, apuntó.
Explicó que el CNE, en el procedimiento expedito debe invitar a algunas empresas a participar en el proceso, incluida la propia Latin Cargo.
En cuanto a la posibilidad de que sean las Fuerzas Armadas quienes transporten el material, apuntó que es una posibilidad que “no se recomienda”.
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Hay tiempo
Germán Lobo, exconsejero del CNE, coincidió en que todavía hay tiempo para realizar el proceso mediante una contratación directa. Además, señaló que aún quedan 13 días para que comience el traslado.
“Aquí lo que cabe es una contratación directa. Todavía hay tiempo, tenemos 13 días para comenzar a repartir material”, dijo.
A la vez, recomendó: “El CNE debe activar los consejos departamentales y municipales. Para ver si a través de ellos puede conseguir algunas compañías para distribuirlo allá. Y que de aquí solo contrate equipos pesados, como rastras, para llevarlos hasta las cabeceras departamentales”.
En cuanto a las solicitudes de Latin Cargo, señaló que “es una decisión administrativa” pagar el 50% por adelantado. No obstante, ante la veeduría extra solicitada, no está dentro de la Ley Electoral.

En horas de la noche del jueves 6 de noviembre, los consejeros sostuvieron una sesión de pleno ante la problemática. Según se conoció, a solicitud de un consejero la cúpula militar estuvo presente.
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