Redacción. La justicia hondureña decidió modificar las medidas cautelares del diputado del Partido Nacional de Honduras (PNH), Nelson Márquez, permitiéndole defenderse en libertad tras permanecer bajo arresto domiciliario.
Después de 100 días bajo la medida cautelar, el diputado nacionalista expresó su agradecimiento. “Quiero agradecer a Dios y a mi equipo de abogados, quienes desde el principio lograron demostrar que no tenemos ningún tipo de vinculación con hechos contrarios a la ley”, dijo en entrevista para HCH.
Añadió: “Han sido días difíciles. Yo quiero agradecerle a Dios, porque él ha estado conmigo en todo momento».
Por su parte, Dagoberto Aspra, representante legal de Márquez, explicó que la decisión judicial responde al cumplimiento de los requisitos de fianza y medidas alternativas.
“El juez consideró que la fianza que habíamos aportado era suficiente para responder por la libertad del diputado Márquez. Además, deberá presentarse periódicamente ante el juez a firmar”, manifestó el togado.
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Acusaciones
El caso que enfrenta Márquez está relacionado con el uso de fondos de cooperación internacional por parte del Estado de Honduras en el año 2000, destinados a un contrato con la empresa estadounidense DRC Inc., que no contaba con autorización para operar en el país y que subcontrató a la compañía NAINSA.
En 2001, la cooperación internacional decidió cancelar la ayuda debido a inconsistencias en el contrato. Posteriormente, ambas empresas presentaron demandas contra el Estado basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia.
El Ministerio Público señaló irregularidades en los procesos arbitrales, incluyendo la presentación de documentos falsos y la aplicación de un reglamento no publicado en el Diario Oficial La Gaceta, lo que derivó en un fallo favorable a las empresas demandantes y obligó al Estado a indemnizarlas.
Además de Márquez, por el caso se encuentran acusados Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala; los jueces Raymundo Esaú Gradiz Vilorio e Irissabel Lucía Miranda Hernández; Rafael Eduardo Chávez Aguilar, Eva María Vásquez Villanueva; y Murray Paul Farmer, propietario de DRC Inc.
Con esta resolución judicial, Márquez retoma su actividad legislativa mientras continúa el proceso en su contra.
