Redacción. El ex fiscal general de la República y exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, calificó como “gravísimas” las recientes declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, sobre la identificación de un militar presuntamente involucrado en los retrasos del transporte de material electoral durante las elecciones primarias del 9 de marzo.
Según Hernández, este oficial también aparece en los audios vinculados a una consejera del CNE y a un jefe de bancada del Congreso Nacional.
Para Orellana, estas declaraciones representan un hito en la investigación, pues confirman por primera vez la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en los incidentes que afectaron la entrega del material electoral.
“Lo que ha expresado el jefe del Estado Mayor Conjunto es gravísimo. Por primera vez se reconoce que desde el seno de las Fuerzas Armadas hubo quien participó el 9 de marzo ordenando que los buses se aparcaran y dispersaran el material electoral. Eso es un atentado contra la democracia, la Constitución y la República”, afirmó el exfiscal.
“No basta con separarlo de la línea de mando”
El exfiscal insistió en que el responsable no puede simplemente apartarse de sus funciones, como afirmó Hernández, sino que deben presentarlo ante el Ministerio Público.
“Si el propio jefe de las Fuerzas Armadas lo está diciendo, entonces debe presentarlo al Ministerio Público. Este caso no puede quedar impune”, recalcó.
Orellana recordó que Hernández había negado previamente cualquier involucramiento de las Fuerzas Armadas en los retrasos del 9 de marzo. En ese sentido, este nuevo pronunciamiento implica un cambio de timón importante.
Además, criticó que el Ministerio Público se haya limitado a investigar a los funcionarios encargados de evaluar las ofertas de transporte, sin abordar el núcleo del problema: el retraso en la entrega del material electoral.
El debate sobre la transparencia del proceso electoral se intensifica, especialmente porque las Fuerzas Armadas deben actuar bajo las órdenes del CNE durante los comicios. A pesar de las advertencias de la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, Hernández afirmó públicamente que el oficial vinculado a los audios fue identificado y reasignado dentro de la institución. Según él, los hechos del 9 de marzo funcionaron como “un experimento”, pero dejaron claras lecciones sobre la necesidad de reforzar la transparencia.
Para Orellana, el mensaje es claro. Aseguró que no se trata solo de control interno, sino de garantizar que cualquier delito cometido por miembros de las Fuerzas Armadas tenga consecuencias legales.
