Redacción. La Corte del Distrito Sur de Nueva York pospuso para el 4 de diciembre la lectura de sentencia del exdiputado Midence Oquelí Martínez Turcios, acusado de delitos relacionados con el narcotráfico.
La decisión de la corte se produjo tras una larga jornada de audiencia en la que la representación legal del acusado presentó diversas pruebas y puso en tela de juicio la solidez del testimonio clave proporcionado por Devis Leonel Rivera Maradiaga, conocido como «El Cachiro». La defensa argumentó que existían inconsistencias suficientes para dudar de la versión del narcotraficante.
Debido a la complejidad del caso y a la necesidad de asegurar un proceso exhaustivo, el juez Lewis A. Kaplan decidió concederle a la defensa un plazo extra para completar la recolección de evidencia. Este tiempo adicional permitirá finalizar las investigaciones pendientes, incluyendo la toma de declaraciones o la revisión de información relacionada con los hermanos de Oquelí, lo que es crucial antes de proceder con el siguiente paso judicial.
Inicialmente, se esperaba que la sentencia fuera dada a conocer hoy; sin embargo, el aplazamiento mantiene en vilo el desenlace de uno de los casos más importantes que vinculan a la política hondureña con el crimen organizado.
Martínez Turcios, excongresista del Partido Liberal por el departamento de Colón (periodo 2010-2018), fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2023.
En diciembre de 2024, el exdiputado aceptó uno de los tres cargos imputados: conspiración para importar cocaína hacia EE. UU. No obstante, ha negado su vinculación directa con la estructura criminal de Los Cachiros, así como su participación en asesinatos o torturas en Honduras.
La Fiscalía estadounidense solicitaba una condena de 30 años de prisión, mientras que la defensa del exdiputado pide una reducción a 12 años.
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Narcotráfico
Según la acusación fiscal, Martínez Turcios utilizó su poder político y experiencia militar para facilitar operaciones de narcotráfico, proteger al cartel y encubrir el lavado de activos. Se le imputa haber recibido al menos un millón de dólares entre 2004 y 2014. Además, lo responsabilizan de haber actuado como socio testaferro de la empresa Ganaderos, sancionada por la OFAC.
El caso cobra relevancia por las graves acusaciones que pesan sobre el excongresista, incluyendo su supuesta participación en asesinatos y su papel como intermediario entre líderes del cartel y autoridades locales.
El 4 de diciembre será ahora la fecha definitiva para conocer el destino judicial de Martínez Turcios.
