Redacción. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, afirmó este miércoles a través de su cuenta en X que los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) no deben ser sujetos a antejuicio, sino a juicio político, en caso de cometer violaciones graves a la Constitución.
“Si existe evidencia de que los magistrados del TJE o del CNE han cometido violaciones a la Constitución de la República y nuestras leyes, primero deben someterse al procedimiento del juicio político, pero no a un procedimiento de antejuicio, que es una figura jurídica empleada para otros funcionarios de la administración de justicia como garantía de la independencia judicial”, escribió Solórzano en la red social.
La aclaración surge luego de que el Ministerio Público (MP) promoviera un antejuicio el pasado lunes 3 de noviembre contra los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona. Ambos están señalados por presunto prevaricato judicial por emitir resoluciones sin quórum legal, ordenando al CNE la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados.
La solicitud se presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que designó una sala Ad-hoc para conocer el caso. De acuerdo con el MP, los magistrados actuaron al margen del procedimiento establecido en la Ley Electoral y la Constitución.
«Quebrantamiento del ordenamiento jurídico»
En entrevista con Noticieros Hoy Mismo, Solórzano explicó que el antejuicio aplica únicamente a jueces y magistrados con fuero judicial. Mientras, la Constitución establece el juicio político como el mecanismo adecuado para altos funcionarios electos o designados, incluyendo los de los órganos electorales.
Señaló además que la Ley Orgánica y Procesal Electoral garantiza la inamovilidad de los magistrados y regula que su separación del cargo debe realizarse mediante juicio político ante el Congreso Nacional. De esa manera se protege la independencia de los organismos electorales y evitando precedentes que afecten la institucionalidad.
Solórzano concluyó que intentar aplicar un antejuicio en este caso “constituiría un quebrantamiento del ordenamiento jurídico”. También, llamó a que prevalezca la coherencia jurídica, la defensa de la independencia judicial y electoral, y el respeto al marco constitucional.
