Redacción. A finales de octubre y durante los primeros días de noviembre de 2020, Honduras enfrentó una crisis sin precedentes: lluvias continuas habían dejado la tierra saturada, convirtiendo al país en un terreno frágil y vulnerable justo antes de que Eta e Iota desataran su furia.
Fue en ese escenario que el huracán Eta hizo su ingreso al territorio nacional, tras haber alcanzado previamente la categoría 4 en la escala de Saffir‑Simpson, con vientos de aproximadamente 212 km/h antes de su debilitamiento.
El 4 de noviembre de 2020, Eta solo ahora como tormenta tropical comenzó a provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos en varias regiones del país; ya en ese día había municipios como La Lima, en el departamento de Cortés, que reportaban agua estancada en las calles y viviendas con el nivel de agua creciente.
Al día siguiente, el 5 de noviembre, aunque la tormenta se desplazaba y comenzaba a abandonar el territorio hondureño, su efecto ya se había convertido en una devastación. En el Valle del Sula, los ríos Ulúa y Chamelecón, ambos con crecidas extraordinarias, alcanzaron niveles de desborde tan altos que sus caudales se fusionaron en algunas zonas. Esto formó extensas áreas de inundación que sumergieron barrios enteros.
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Cicatrices
En el departamento de Cortés, sectores de San Pedro Sula como Rivera Hernández, las colonias Satélite, Jerusalén, Independencia y Guaymuras quedaron completamente anegadas.
Al mismo tiempo, el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, se encontraba inundado e inoperativo para la recepción de ayuda humanitaria, lo que complicó aún más la logística de emergencia.
Mientras tanto, el país ya libraba otra batalla: la de la pandemia de Covid-19. En ese momento se mantenía declarada una alerta roja por la emergencia sanitaria y, al mismo tiempo, ante Eta, se activó otra alerta roja por la amenaza meteorológica.
Ese doble estado de alerta sanitaria y natural complicó la movilización de recursos, la evacuación de poblaciones vulnerables y la atención de los damnificados en albergues. Muchos centros ya estaban bajo presión debido a la pandemia y la saturación hospitalaria, lo que agravó aún más la situación.
Menos de dos semanas después de Eta, el 16 de noviembre de 2020, el ciclón huracán Iota hizo su aparición en Honduras tras haber alcanzado categoría 5 en su trayectoria previa. Al ingresar al país golpeó zonas que seguían en recuperación de Eta, con suelos aún saturados, ríos al borde de sus márgenes y comunidades en proceso de limpieza.
Ante este nuevo impacto, las Fuerzas Armadas movilizaron helicópteros para alertar y evacuar poblaciones ribereñas cercanas a los ríos Ulúa y Chamelecón. Los estragos se agrandaron: las inundaciones se extendieron, los puentes colapsaron, las carreteras quedaron intransitables y miles de personas quedaron incomunicadas.
Pérdidas
En términos de afectación humana y material, las cifras empeoran la dimensión de la crisis. Según reportes de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el 19 de noviembre se contabilizaban 88 personas fallecidas y una desaparecida.
Al mismo tiempo, se estimaba que más de 159,000 personas se encontraban en albergues. Además, 27 instalaciones de salud en Cortés quedaron inoperativas, lo que dejó alrededor de 500,000 personas sin acceso adecuado a servicios de salud.
Posterior a esta fecha, otros organismos aumentaron el registro de víctimas a 99 muertos y una cifra de más de 4,5 millones de personas afectadas. En cuanto a viviendas, se estimó que más de 85.000 casas resultaron dañadas y unas 6,000 completamente destruidas. Por su parte, Copeco reportó 2,941,525 personas afectadas solo por Eta, más de 21 puentes destruidos y aproximadamente 171 tramos carreteros afectados. La destrucción alcanzó también al sector energético, con avalancha de interrupciones en el servicio eléctrico y cientos de miles de viviendas sin energía.
La Central Hidroeléctrica Francisco Morazán (también conocida como represa El Cajón) fue sometida a una tensión extrema. Su nivel de operación nominal se encuentra cercano a 285 metros sobre el nivel del mar (msnm), pero durante esta crisis se informó que alcanzó alrededor de 288.8 msnm.
Por ello, se realizaron descargas controladas de emergencia para evitar un colapso que habría devastado aún más el Valle de Sula.
Los departamentos más golpeados por esta doble crisis fueron Cortés (sobre todo los municipios del Valle de Sula), Yoro, Atlántida, Colón, Santa Bárbara, Olancho, Copán y Gracias a Dios.
Daños
En el ámbito agrícola, los campos bananeros del Valle de Sula y los bajos de El Progreso resultaron seriamente dañados: cultivos inundados, la tierra erosionada, caminos de acceso destruidos e imposibilidad de exportación en los días siguientes.
En infraestructura clave, más de 13 puentes fueron reportados como totalmente destruidos tras Iota, y decenas más quedaron dañados. La comunicación y el transporte se vieron afectados gravemente: en las zonas del Valle del Sula, se identificaron comunidades aisladas por falta de acceso, interrupción eléctrica y varios días sin suministro de agua potable. Para diciembre de 2020, aún permanecían albergadas más de 94,000 personas en más de 800 refugios en 16 de los 18 departamentos del país.
Este episodio de dos huracanes en rápida sucesión dejó de manifiesto la fragilidad de los sistemas de alerta temprana. Además, puso en evidencia las deficiencias de la infraestructura hidráulica, vial y sanitaria en Honduras.
La magnitud de la emergencia combinada con la crisis sanitaria del Covid‑19 demostró también que la gestión de múltiples crisis simultáneas requiere recursos, coordinación y capacidades que el país debe fortalecer.
