Choloma, Honduras. La administración municipal que encabeza el alcalde Gustavo Mejía vuelve a estar en el centro de cuestionamientos públicos luego de que, según trascendió, habría autorizado la ejecución de varias obras por más de 47 millones de lempiras sin contratos ni detalles que respalden los compromisos adquiridos.
De acuerdo con información obtenida por Diario Tiempo y respaldada por varios audios, durante una reunión entre regidores y los departamentos de Administración, Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, Gerencia de Infraestructura y Obras, así como la Procuraduría Municipal, se evaluó la supuesta deuda sin respaldo legal.
En el encuentro, sin la presencia del edil cholomeño, el jefe de Obras Públicas, Emerson Rubio, entregó un documento que únicamente enumeraba los nombres de 14 empresas a las que presuntamente se les adeuda por obras y servicios realizados entre 2024 y 2025.
Lo más grave es que no incluía el desglose de los proyectos ejecutados, su costo individual ni los procedimientos de contratación requeridos por la Ley del Estado.
La fuente consultada indicó que la información presentada se limitó a señalar los nombres de las empresas acreedoras y el monto global adeudado: L47,678,015.41. Ante la falta de documentación, algunos regidores solicitaron un informe más detallado que explicara el origen de la deuda, qué empresas participaron y bajo qué modalidad se adjudicaron los trabajos.
No existe registro de procesos de contratación previos, según se comenta, y, actualmente, los regidores esperan la convocatoria a una sesión de corporación para discutir el tema en el pleno. Por otro lado, trascendió que se pretende incluir la deuda en un solo paquete dentro del presupuesto municipal de 2026.
Grandes montos sin justificación
El documento detalla los nombres de las empresas, sus representantes y las cantidades que la administración de Mejía supuestamente les adeuda por concepto de obras o suministros.
Las deudas con las 14 empresas oscilan entre L300,000 y L14 millones, aunque no se conoce cuántos proyectos habría ejecutado cada una. Una de las cifras más altas corresponde a Inversiones Cañas, representada por Maynor Cañas, a quien se le adeudarían L14,314,518.
A Materiales de Construcción Suseth se le deben L7,528,994.80, mientras que Constructora Duarte Hernández reclama L6,008,815.00. En tanto, Construcciones Duarte mantiene una supuesta deuda de L3,457,481.00 e Inversiones del Atlántico Norte de L3,310,000.00.
No se especifica si los montos corresponden a proyectos individuales o múltiples, ya que la información presentada es limitada y sin soporte legal.
Situación genera debates
La reciente situación habría generado un acalorado debate en una reunión entre funcionarios y regidores municipales, de la cual circularon tres audios a los que el equipo periodístico tuvo acceso.
En una de las grabaciones se escucha supuestamente a un regidor, también abogado, a quien los presentes insistieron en que diera su opinión legal sobre el caso.
Tras la insistencia de los regidores de oposición, aclaró que, aunque forma parte de la corporación, los asuntos legales deben ser atendidos por la Procuraduría. En ese sentido, enfatizó que cualquier criterio que emitiera sería a título personal y no tendría carácter vinculante.
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El funcionario recordó que toda obra pública requiere un contrato que respalde legalmente su ejecución y los pagos correspondientes. Señaló además que, en este caso, no existe contrato y que “venir a elaborar el contrato después no es legal”.
“Todos ustedes, que son administrativos, nos pueden decir a nosotros paguen, pero a la hora de la hora que vengan los requerimientos no va a venir uno en contra suya, sino en contra de los corporativos que fueron los que aprobaron”, se escucha en uno de los audios.
Finalmente, concluyó que, a raíz de esta situación, “se ha generado una deuda no formal, porque no tenemos los contratos”. Este caso podría derivar en futuras complicaciones legales para la corporación municipal.
Decisión “muy delicada”
Los funcionarios también solicitaron la opinión del gerente de Infraestructura, quien, con voz baja, reconoció que la situación que enfrentan los regidores es “muy delicada”. Incluso recalcó que no le gustaba opinar al respecto, dado que su experiencia fue muy diferente a la que enfrentan los regidores en este momento.
«Cuando estuve dos o tres años al frente no tuve ese problema; yo soy respetuoso de la ley, no concibo que podamos estar aquí diciendo cómo podemos robarle el dinero al pueblo», expresó.
Seguidamente añadió: «Disculpe que se los diga así, lo que antes fue malo, ahora lo vamos a repetir, cuando lo pudimos haber prevenido».
Aún no existe una postura oficial de la municipalidad, ni se han presentado documentos que aclaren el origen exacto de la deuda, lo que ha generado interrogantes sobre la transparencia y el manejo administrativo de Gustavo Mejía, actual encargado de firmar los contratos entre la comuna y los contratistas.
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