Redacción. Ante la reciente controversia por la instalación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, la legisladora nacionalista Leda García Pagán se pronunció críticamente sobre la disposición del titular del Legislativo, Luis Redondo, y las trabas impuestas a las autoconvocatorias de la oposición.
En una entrevista concedida a HCH, la diputada cuestionó la legitimidad de la comisión y enfatizó la importancia de la participación mayoritaria de los congresistas en los procesos legislativos.
“Si no tiene validez lo que hagan 70 diputados, ¿qué validez tiene lo que digan nueve pelones que se creen dueños del Congreso y de Honduras?”, manifestó.
Pagán subrayó que la democracia reside en la representación de la mayoría: “Tiene mucha validez para las personas que somos demócratas, y que es la mayoría del pueblo hondureño que quiere confiar que, en un proceso democrático y transparente. Podemos tomar las mejores decisiones para el país”, agregó.
Estas declaraciones surgen en el marco de los cuestionamientos y críticas contra la legalidad del nombramiento de la Comisión Permanente del Congreso.
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Cuestionamientos
La polémica se intensificó luego de que los diputados de la oposición realizaran una autoconvocatoria. En esa reunión, aprobaron, amparados en el artículo 191 de la Constitución, la prórroga del período de sesiones ordinarias del Congreso, desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 20 de enero de 2026.
“La semana pasada estuvimos aquí autoconvocados más de 70 diputados. Somos la mayoría y que verdaderamente representamos al pueblo, y no solo nueve”, recalcó Pagán, defendiendo la legitimidad del proceso liderado por la oposición.
Mientras el oficialismo sostiene que la Comisión Permanente tiene plena validez, la oposición argumenta que su conformación no respeta la ley.
El organismo quedó integrado por nueve diputados propietarios y cuatro suplentes, en su mayoría del partido Libre y sus aliados. Según los opositores, esta composición constituye una exclusión injustificada de representantes de otras bancadas y un acto de ilegalidad.
La controversia refleja un clima de tensión política dentro del Congreso Nacional. La oposición busca garantizar la participación mayoritaria en la toma de decisiones, mientras que el oficialismo defiende la legalidad de la comisión como mecanismo para asumir las funciones legislativas durante la paralización.
