Redacción. Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia, interpusieron este viernes una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP) contra su homólogo, Mario Morazán, a quien acusan de incumplir con sus funciones al no atender las convocatorias a sesiones del pleno.
En declaraciones a los medios de comunicación tras presentar la denuncia, el magistrado Mario Flores Urrutia expresó: “Vamos a ver de qué lado está el Ministerio Público, si del lado de la verdad o de la mentira”.
El magistrado detalló que la denuncia está sustentada con documentación que evidencia las reiteradas convocatorias realizadas al magistrado Morazán. Según los denunciantes, él no mostró disposición para participar en las sesiones legalmente convocadas.
“La evidencia está debidamente documentada. Todas las convocatorias se han hecho conforme a la ley. Y él (Morazán) no ha tenido la anuencia de participar en las sesiones que se han convocado. A raíz de eso, el Ministerio Público hará su valoración para determinar las actuaciones de los magistrados que componemos este tribunal”, explicó Flores Urrutia.
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Valoraciones
Asimismo, el magistrado enfatizó que la acción busca dejar constancia pública de su compromiso con la legalidad y la transparencia institucional.
“El pueblo ha sido testigo de que hemos venido al Ministerio Público para ver si se le da trámite a la denuncia que hemos interpuesto”, afirmó.
Ante la pregunta de si confían en la imparcialidad del Ministerio Público, Flores Urrutia respondió que será la ciudadanía quien juzgue el actuar del ente acusador.
“Que el pueblo hondureño haga las valoraciones. Y después que vean de qué lado está el Ministerio Público: si del lado de la justicia o si está parcializado con algún sector político de este país”, señaló.
Recurso de amparo
Paralelamente, los magistrados Barahona y Flores Urrutia también presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los togados argumentan que el Ministerio Público ha vulnerado su independencia y sus derechos constitucionales mediante actuaciones recientes que califican de arbitrarias.
El amparo solicita la suspensión del acto reclamado, luego de que fiscales del MP se presentaran a las instalaciones del TJE para secuestrar documentación relacionada con resoluciones adoptadas por el pleno del tribunal.
“Hemos interpuesto un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado a raíz de las actuaciones que ha hecho el Ministerio Público contra esta institución de rango constitucional, violentando el debido proceso”, explicó Urrutia.
El magistrado añadió que han informado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que consideran una vulneración a sus derechos como autoridades electorales.
Con estas acciones legales, los magistrados buscan, según sus declaraciones, defender la independencia del TJE. Además, exigen que se respeten las garantías constitucionales que amparan su labor.
